La eventual aplicación de aranceles estadounidenses a productos mexicanos por presuntas prácticas relacionadas con trabajo forzoso añadiría un nuevo factor de incertidumbre al ya complejo panorama comercial bilateral, advirtió Kapital México Grupo Financiero.

De acuerdo con medios de comunicación, la administración de Donald Trump anunciará el viernes una nueva ronda de aranceles a las importaciones provenientes de varios países, entre ellos México, con el propósito de sustituir el esquema de gravámenes de 10% respaldado por la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, cuya vigencia está por concluir.

Los nuevos gravámenes alcanzarían a cerca de 60 países, como resultado de una investigación sobre prácticas de trabajo forzoso.

De acuerdo con la propuesta, las importaciones procedentes de México, Canadá, la Unión Europea y Taiwán enfrentarían aranceles de al menos 10%, mientras que China, India y Japón quedarían sujetas a una tasa de 12.5%.

La medida se anunciará luego de que se informó sobre el arancel de 50% para bienes canadienses y al gravamen de 25% aplicado la semana pasada a productos brasileños.

En un análisis, Kapital señaló que la inclusión de México en esta medida impulsada por el gobierno de Donald Trump podría generar desconfianza, en un momento en que ambos países mantienen negociaciones para extender el esquema previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La institución también subrayó que aún no existe claridad sobre si los bienes que cumplen con las reglas del T-MEC quedarán exentos de estos nuevos aranceles, como ocurrió en rondas anteriores.

La víspera, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, adelantó durante una entrevista con CNBC que su país anunciará más aranceles contra 60 naciones para frenar prácticas comerciales que, afirmó, “solapan” el trabajo forzoso.

“Esperamos que haya novedades pronto.

“Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican”, dijo el funcionario.

Las declaraciones de Greer se producen a unos días de que expiren los aranceles implementados por Trump el 24 de febrero, en caso de que el Congreso no apruebe su prórroga.

A finales de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó una parte relevante de los aranceles impuestos por el presidente, al considerar que realizó una interpretación inconstitucional de la legislación utilizada para justificarlos.

La resolución no afectó los aranceles sectoriales, que continúan vigentes para productos específicos como automóviles, acero, aluminio y cobre.

Tras el fallo, Trump anunció una nueva batería de tarifas sustentadas en otra legislación, que le permite aplicar estos recargos por un periodo máximo de 150 días. De manera paralela, inició investigaciones encaminadas a establecer medidas comerciales de mayor duración.

En junio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso imponer aranceles adicionales a las importaciones de 60 países, incluido México, al considerar que no han realizado acciones suficientes para impedir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

La dependencia sostuvo que la ausencia de prohibiciones efectivas contra la importación de bienes vinculados al trabajo forzoso constituye una práctica “no razonable” que restringe el comercio estadounidense, por lo que justificó la adopción de medidas correctivas.

Greer no precisó cuándo entrarían en vigor los nuevos aranceles, ya que, según explicó, todavía tiene “la responsabilidad” de informar al Congreso y a las partes involucradas.

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