Las medidas ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar la supervisión bancaria sobre migrantes podrían afectar el flujo de remesas hacia México y convertirse en un factor de riesgo para el crecimiento económico del país, advirtió Gabriela Siller Pagaza.

La directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE señaló que las remesas equivalen a 5% del consumo en México y a 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que cualquier restricción al envío de recursos desde Estados Unidos tendría un impacto relevante sobre la actividad económica.

En un comentario, la economista recordó que en Estados Unidos residen aproximadamente 11.5 millones de mexicanos y que cerca de 35% se encuentra en situación migratoria irregular. Ese grupo, agregó, es responsable de alrededor de 40% de las remesas que recibe México.

“De materializarse un bloqueo al envío de remesas por parte de indocumentados, es probable que busquen alternativas para el envío de dinero, pero sería inevitable un desplome de las remesas en dólares entre el 10 y 20% anual”, alertó.

Siller estimó que una caída de 20% en las remesas durante un año implicaría una reducción de 0.7% del PIB mexicano.

“Suponiendo que se aplica a partir de junio, implicaría un freno de 0.35 puntos porcentuales para este año. Si se estimaba que la economía de México crecerá 1%, el crecimiento estimado sería ahora 0.65%. Sin embargo, esto dependerá de qué tan estricta sea la aplicación de la medida y cuánto afecte a las remesas que llegan a México”, expuso.

Añadió que “la materialización de bloqueo de envío de remesas a México por parte de migrantes con estatus irregular sería una catástrofe para la economía de algunas familias y para el crecimiento de México”.

La Casa Blanca publicó el 19 de mayo la orden ejecutiva “Restoring Integrity to America’s Financial System”, mediante la cual Trump instruyó al Departamento del Tesoro y a los reguladores bancarios a reforzar la vigilancia sobre cuentas, créditos y transferencias relacionadas con personas sin autorización para trabajar en Estados Unidos.

La disposición ordena emitir, en un plazo de 60 días, una guía para las instituciones financieras con señales de alerta sobre el uso de cuentas, transferencias y productos crediticios por parte de personas que carecen de autorización laboral. También contempla que las autoridades evalúen cambios regulatorios para que los bancos puedan solicitar información adicional, incluido el estatus migratorio, cuando existan indicios de fraude, lavado de dinero u otras actividades ilícitas.

Entre los elementos señalados por la administración estadounidense se encuentra el uso del Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) para abrir cuentas o solicitar crédito, así como el riesgo de que algunos acreditados pierdan ingresos si son deportados y no puedan cumplir con sus obligaciones financieras.

En la orden, Trump afirmó que “no permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o de servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a deportación”.

Aunque la medida no prohíbe de manera expresa el envío de remesas ni la apertura de cuentas con ITIN, el endurecimiento de los procesos de verificación podría dificultar el acceso de migrantes indocumentados al sistema financiero formal y afectar el flujo de recursos que envían a sus familias en México.

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