En el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana se explica que “los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de los hijos”; pero no en todos los casos cumple con esa máxima. Así lo muestran las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que indican que para comprar tan sólo la canasta alimentaria, en las zonas urbanas, se necesita de 2,822.69 pesos, en las rurales 1,821.07; mientras que el actual salario mínimo es de 2,401.2, es decir 80 pesos al día. En estos días el sector industrial analiza la posibilidad de las empresas de todos los tamaños para absorber un nuevo aumento, que colocaría al mínimo en 92.70 pesos, revisión que también realiza el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que tiene alfrente a Alfonso Navarrete Prida y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en la presidencia. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) trabaja una propuesta que será presentada en próximos días, informó su presidente Manuel Herrera Vega. Desde 2015 la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó la necesidad de subir el salario base de los trabajadores, una propuesta que lanzó tres años atrás el jefe de Gobierno, Mancera Espinosa. La urgencia de un incremento en este momento, radica en que el actual salario mínimo, de 80.04 pesos se vio rebasado por una mayor inflación y aumento en el precio de los energéticos, que derivó en precios más altos para todos los bienes de consumo. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg, el objetivo del gobierno capitalino es lograr un incremento del mínimo para alcanzar 93.35 pesos después del 4 de junio.
“Este monto es el precio de la canasta alimentaria diaria, ingreso que libera a una persona de la pobreza extrema”, aseguró.
La estadística de Sedeco refleja que 10.9% de los capitalinos ganan 80 pesos, a nivel nacional son casi 7.5 millones de personas; 14.2 millones perciben 160 pesos al día (dos salarios mínimos) y 95% de los trabajadores en el país gana menos de 12 mil al mes. En días recientes, Mancera Espinosa se reunió con Navarrete Prida, de ambos surgió la declaración para decir que hay disposición al diálogo en el tema de un incremento al salario mínimo durante 2017. En tanto, el Instituto de Estudios para la Transformación Democrática (IETD), realizó un posicionamiento, donde pugna por no más salario mínimo y sí a un salario suficiente, debido a que los 80 pesos no satisfacen las necesidades de las familias, se necesitan 14 pesos adicionales.
“El dato más reciente del costo de la canasta básica para una persona, al mes de abril, es de 94 pesos al día. El nuevo Monto Independiente de Recuperación para ajustar el salario mínimo debe ser de 14 pesos por día”.
Dar un salario más justo también detonaría un mayor consumo interno, un impulso a la economía local, sin efectos negativos como lo afirman otros agentes económicos.
“Los datos muestran una tendencia muy positiva de fortalecimiento del mercado interno. De hecho, hay un incremento sustancial en el consumo de bienes nacionales a costa del consumo de bienes importados por su encarecimiento como consecuencia de la depreciación del peso. También hay un incremento de la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional”.
El inicio del debate El gobierno de la Ciudad de México, de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), que dirige Salomón Chertorivski Woldenberg, iniciaron su “lucha por la recuperación del salario” desde el año 2014, para que el gobierno federal y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) hicieran un incremento sustancial del minisalario, que en ese momento estaba en 67.29 pesos, el objetivo era llevarlo a 171 pesos, en un esquema gradual. Durante ese año, el gobierno capitalino realizó una serie de Foros y presentaciones para socializar la propuesta, se contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que reveló que México es el país con más retraso en la actualización de salarios  mínimos. Según experiencias internacionales que se vertieron en el Foro Internacional Salarios Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico, en última década Argentina, Brasil y Uruguay subieron el salario mínimo hecho que no minó la generación de empleos, por el contrario, impulsó el índice del trabajo formal. De esa reunión se detalló un camino a seguir, el primer paso era la desvinculación del salario mínimo de otros factores o referentes económicos, a fin de evitar que su incremento detonara inflación. Los incrementos serían escalonados hasta alcanzar los 171 pesos (de ese momento) para la compra de la canasta alimentaria y no alimentaria, para un adulto y un dependiente. A la par, los empleadores debían buscar una mayor productividad entre sus empleados. El camino andado En 2015, los debates para el incremento se llevaron a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y de las Secretarías estatales de desarrollo económico, si bien el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida se dijo abierto al diálogo, no hubo mayor posicionamiento. En el último periodo de sesiones de ese año, en el Congreso de la Unión se aprobó la propuesta de decreto por el que se desvincula el salario mínimo de créditos, multas, apercibimientos y cualquier otro orden económico, que se publicó en enero de 2016 por el Gobierno Federal. Esto llevó a la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la que ahora se vincula a distintos ordenes económicos. Esto no motivó a la Conasami a hacer el incremento como se esperaba, para ese momento debido a la inflación, era de 86.33 pesos por jornada laboral de 8 horas, fijándolo en 70.10 pesos. Los argumentos fueron el posible impacto en la inflación, así como un efecto “faro”, es decir, que la totalidad de los trabajadores exigiera un incremento similar, afectando así a las empresas. En 2016, ya con la desindexación del salario mínimo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó la propuesta para que el mini salario llegara a 89.35 pesos, el gobierno de Miguel Ángel Mancera pugnaba por la misma cantidad. El Gobierno Federal, se dijo abierto al dialogo para hacer posible el incremento. En tanto, las regiones salariales dejaron de existir y se concretó sólo una, unificando el ingreso mínimo a nivel nacional. Fue hasta diciembre de ese año que la Conasami decretó que para 2017 el salario mínimo general (SMG) subiera hasta 80.04 pesos, como parte de una recuperación. No obstante, este incremento fue rebasado por la inflación, el aumento en el precio de los energéticos e inestabilidad económica por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El Instituto de Estudios para la Transformación Democrática destacó que ese incremento, si bien fue histórico y marcó una tendencia positiva, quedó rebasado, por lo que es fundamental dar 14 pesos adicionales para que una persona que trabaje no esté en pobreza.
“El salario mínimo de 80 pesos aprobado para 2017 aún no cumple con lo dispuesto en la Constitución. Tampoco es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica para una persona. El ajuste aprobado en diciembre pasado fue adecuado y positivo. Hay que retomar el compromiso y continuar la recuperación gradual del salario mínimo. Las condiciones económicas lo permiten y de hecho lo recomiendan. No hay razones para posponerlo”.