La mayoría de los vehículos usados de procedencia extranjera que ingresan de contrabando a México, conocidos como autos “chocolate”, son unidades chatarra, que se desechan en Estados Unidos, porque ya terminaron su vida útil y no cumplen con las especificaciones técnicas para seguir en circulación, alerta Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Esta es la realidad sobre el fenómeno de la compra-venta de autos usados extranjeros en los estados del norte de México, un negocio ilícito que acaba de recibir un espaldarazo del gobierno federal mediante la expedición y publicación de un decreto presidencial, que ordena la regularización de unidades usadas importadas en siete estados del norte: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

“No se ejerce ninguna medida de control en cuanto a la calidad de los vehículos que se van a regularizar. Se venden en grandes subastas miles de unidades. Empresas especializadas reciben los desechos de las aseguradoras que liquidaron la pérdida de los vehículos a sus propietarios por diversos siniestros y que afectan sus condiciones mecánicas y que, conforme a las normas de Estados Unidos, no pueden regresar al parque vehicular”, comenta en entrevista Guillermo Rosales, sobre el origen de los autos “chocolate” que llegan a México.

En suma, “son vehículos de desecho, cuyo único canal de colocación es desamarlos para reciclarlos en la industria acerera o mecánica o bien para exportarlos a regiones con debilidades institucionales como África, Centroamérica y México”, agrega el representante empresarial.

De ahí que el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador –el pasado sábado en Ensenada, Baja California— constituye un incentivo para el contrabando de automóviles usados, en lugar de que la federación emitiera medidas para frenar dicha práctica.

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Guillermo Rosales recordó que los autos “chocolate” incumplen con las formalidades de los procedimientos aduaneros al llegar al país, conforme al Código Fiscal Federal, lo que resulta en un delito de contrabando de mercancías.

Contrario a los argumentos oficiales, en el sentido de que los vehículos usados importados son adquiridos por los trabajadores migrantes o bien por residentes mexicanos de bajos ingresos con propósitos de trabajo agrícola o comercial, el representante de los distribuidores aclaró que la mayor parte del fenómeno es responsabilidad de grupos organizados, cuyas actividades pueden clasificarse como “delincuencia organizada”.

Rosales Zárate reconoce que, por tratarse de actividades irregulares, no existen registros confiables sobre la cantidad de autos “chocolate” que se comercializan en el país; sin embargo, la industria tiene un cálculo aproximado de 1 millón de unidades.

El resultado del decreto, que entró en vigor este martes, consistirá en que las ventas de autos nuevos y usados en el mercado legal pueden disminuir, además de que el mercado resentirá una reducción de precios, ya que al existir mayores inventarios de autos, quienes quieran vender sus vehículos usados por la vía legal no podrán colocarlo en el precio que esperan.

Lo anterior, sin olvidar el grave impacto ambiental por la circulación de unidades en malas condiciones técnicas.

“Lo que ordena el presidente López Obrador, al legalizar los vehículos de contrabando, afectará la venta de autos, nuevos, usados y hasta la venta entre particulares. La entrada en masa de vehículos con placas bajará los precios en toda la cadena de autos usados, afectando a los ciudadanos y al pago de impuestos federales y estatales, no es una buena medida”, concluye Rosales Zárate.

(Cuando se hizo la entrevista, Guillermo Rosales era director general adjunto de la AMDA).

GC