El gobierno federal recordó que, a partir de 2027 comenzará la reducción gradual de la jornada laboral máxima, de 48 a 40 horas semanales, una reforma constitucional que fue publicada el 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Como parte del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo precisiones sobre los alcances de esta reforma, que representa el primer cambio a la jornada máxima semanal en más de un siglo y beneficiará a más de 13 millones de trabajadores.
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La reducción será gradual y quedará así.
2027: la jornada máxima será de 46 horas semanales
2028: bajará a 44 horas
2029: quedará en 42 horas
2030: llegará a las 40 horas semanales
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La reforma establece que este recorte no implica una reducción de salarios, prestaciones ni derechos laborales. El objetivo es que los trabajadores del país tengan más tiempo para el descanso, la convivencia familiar y su vida personal.
Entre las principales características de la nueva jornada están:
Reducción gradual: serán dos horas menos por año hasta llegar a las 40 horas en 2030.
Sin recorte salarial: la disminución de horas no debe traducirse en menores sueldos, prestaciones o derechos.
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Más de 13 millones de beneficiarios: ese es el universo de trabajadores que, según el gobierno federal, tendrá una reducción de la jornada máxima.
Distribución flexible: trabajadores y empleadores podrán acordar cómo repartir las horas durante la semana, siempre dentro de los límites que marque la ley.
Horas extraordinarias reguladas: el tiempo adicional será voluntario y tendrá límites para evitar jornadas excesivas.
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Registro electrónico: los patrones deberán llevar un control de la jornada laboral, lo que dará a la autoridad mayores elementos para las inspecciones y la vigilancia del cumplimiento.
Sin embargo, existe un punto importante: la nueva jornada laboral tendrá su aplicación más clara en la economía formal. Esto se debe a que los trabajadores informales, en muchos casos, no cuentan con un contrato laboral ni forman parte de un centro de trabajo sujeto a la inspección de la autoridad.
Por lo anterior, aunque la reforma refuerza los derechos laborales, quienes trabajan en la informalidad tendrán mayores dificultades para exigir su cumplimiento, pues no cuentan con los mecanismos que permiten acreditar una relación laboral y reclamar ante la autoridad las horas trabajadas.
GC
