El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por un presunto caso de evasión de impuestos.
Tanto la UIF como la misma Procuraduría Fiscal (PF) pertenecen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo titular, Rogelio Ramírez de la O, ha solicitado información sobre Romero Aranda, y el mismo interés ha manifestado el senador Ricardo Monreal Ávila, según un reporte publicado por el semanario Proceso.
En un principio, la UIF ya tenía abierta una investigación contra Romero Aranda, por señalamientos sobre actos de extorsión, presuntamente cometidos por funcionarios de la PF y un despacho de abogados relacionado con ellos.
Sin embargo, la Unidad recibió nuevas solicitudes de información de Rogelio Ramírez de la O, sobre la conducta de Romero Aranda. Este funcionario presentó dos denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR) en lo que se considera como un movimiento discrecional, ya que no dio vista a la SHCP.
En tanto que Ricardo Monreal ha pedido información sobre la PF y que la relacionan con el proceso abierto en contra de Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GIN Group, empresa de subcontratación de personal.
Entre la información reunida sobre el funcionario público se advierte que existen diferencias de datos entre la declaración patrimonial, que todos los empleados de gobierno deben presentar cada año, y los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Entre 2013 y 2020, Romero Aranda adquirió bienes por 28.8 millones de pesos (mdp), pero declaró ingresos por 6.5 mdp, lo que sugiere que se trata de una forma de “evasión fiscal”, según el reporte periodístico.
Asimismo, el procurador es socio de despachos de abogados y de empresas, los cuales también han observado movimientos sospechosos en materia de impuestos.
Por ejemplo, el despacho Rey, Romero, Guevara, Nava y Asociados, SC, declaró ingresos por 7.2 mdp entre los años de 2014 y 2020 y deducciones de impuestos por 5.7 mdp, pero en la declaración de impuestos obtuvo como resultado el pago de cero impuestos.
Como se recordará, la presente administración federal entró en funciones a partir del 1 de diciembre de 2018, por lo que estos presuntos movimientos sospechosos han ocurrido cuando el funcionario ha estado en el pleno ejercicio de sus responsabilidades.
El reporte refiere que, al consultarle directamente sobre el procurador fiscal, la SHCP negó que haya formulado dicha solicitud de información.
El conocimiento de estas posibles investigaciones contra el procurador fiscal se suman a otras filtraciones de información sobre presuntos actos de enriquecimiento ilícito del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y de Santiago Nieto Castillo, quien fue jefe de la UIF. (Con información de Proceso)
GC
