El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que, además de restarle productividad y competitividad a la economía mexicana, la informalidad inhibe notoriamente la posibilidad de que el sector público eleve su capacidad tributaria.

Lo anterior, limitando los recursos para el gasto público y coadyuvando al incremento de los niveles de deuda.

De acuerdo con datos del Inegi, en el segundo trimestre del año, el valor agregado bruto (VAB) de la economía informal sumó 6,033.8 miles de millones de pesos a precios de 2018, lo que significó un incremento anual de 5.4%, que fue su mayor avance desde el primer trimestre de 2022.

Los datos son relevantes considerando que para 2025 el gobierno federal proyecta ingresos presupuestarios totales por 8 billones de pesos, de los cuales, 5.3 billones provendrán de ingresos tributarios.

En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) resaltó que la evolución de la economía formal muestra un menor ritmo de avance con una tendencia a la baja, “lo que es preocupante en un entorno en el que la economía debe fortalecer su ritmo de crecimiento para mejorar el bienestar de las familias, lo cual se logra con empleos mejor remunerados y con prestaciones sociales, que son propios de la formalidad”.

“No hay duda de que las autoridades tienen conocimiento de esta situación por lo que es fundamental que consideren políticas que corrijan los desequilibrios actuales y que estimulen la participación formal para un avance más robusto de la actividad productiva”, expuso.

El CEESP añadió que lo anterior es esencial, sobre todo en un momento en el que el proceso de relocalización exige mayor productividad del país y bajo un contexto en el que los principales indicadores macroeconómicos continúan debilitándose, los niveles de incertidumbre se elevan y las expectativas siguen ajustándose a la baja.

Cae la inversión

Sobre esto último el Centro retomó los resultados de la evolución de los indicadores de confianza empresarial, los cuales reflejan la preocupación de los directivos empresariales en cuanto a la coyuntura y lo que esperan enfrentar en el futuro.

Durante noviembre estos indicadores se mantuvieron en terreno negativo en cuanto a su comparación anual, con lo que conservan una tendencia a la baja desde principios del año. 

“Es razonable que, en un entorno de debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos, la percepción de directivos empresariales en cuanto a la situación actual y futura de la economía se mantenga en terreno negativo.

“Un ambiente en el que prevalecen elevados niveles de delincuencia, impunidad, débil estado de derecho y una compleja situación política interna, aunado a las discrepancias en materia de comercio exterior con los Estados Unidos y Canadá, agudizan la cautela de los directivos empresariales al canalizar sus recursos para invertir”, apuntó.

Cabe mencionar que, en septiembre, la inversión fija bruta reportó una disminución mensual de 0.79%, con lo que acumuló dos meses consecutivos a la baja. Esto propició que en ese mes se registrara su primera caída anual (2.3%) tras 42 meses ininterrumpidos con variaciones positivas. 

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El mayor deterioro se observó en la inversión pública que registró una caída de 14.0%, acumulando cinco meses seguidos a la baja. Preocupa que esta tendencia se mantenga el próximo año, toda vez que en el Paquete Económico para 2025 ya se considera una caída real de 12.7% en la inversión física del sector público. 

La inversión privada se contrajo 1.8% anual en septiembre, comportamiento que sin duda refleja la elevada incertidumbre dado el complejo ambiente económico y político que priva en el país.

“Un ambiente como el que hemos señalado puede ser un nicho de oportunidad para la informalidad.

“Los crecientes costos laborales, acciones tributarias agresivas y una tramitología compleja en algunos sectores, además de una actitud permisiva de las autoridades, estimula la búsqueda de actividades que no se vean afectadas por estos factores”, concluyó el CEESP.

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