La industria automotriz manifestó su rechazo a la cancelación de la Norma-236-SE-2021, sobre las condiciones físico-mecánicas de los vehículos automotores, por lo que consideró la posibilidad de solicitar el amparo de la justicia para revertir esta decisión.
La Norma-236 tenía el propósito de garantizar que los vehículos nuevos y usados circularan en condiciones seguras en todo el país, en aras de evitar accidentes con consecuencias fatales, recordaron Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), y Fausto Cuevas Mesa, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Sin embargo, la Secretaría de Economía informó este domingo, a través de un comunicado, que se cancelaba la aplicación de la Norma-236, ya que la “podía afectar negativamente el ingreso de las familias mexicanas que utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo”.
Estaba previsto que la disposición entrara en vigor el 1 de diciembre de este año.
En respuesta, los dirigentes de la industria automotriz consideraron que la cancelación de la Norma 236 es un error, porque daba cumplimiento a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual se encuentra en proceso de armonización en todo el país.
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“En AMDA estamos de inmediato haciendo la valoración jurídica de todos los antecedentes de su cancelación, porque consideramos que no podemos quedarnos solamente con la declaratoria de inconformidad, sino que tenemos que hacer valer los recursos que la justicia federal ofrece para proceder con un amparo en consecuencia”, advirtió Guillermo Rosales.
En conferencia de prensa conjunta, para hablar sobre la situación actual de la industria automotriz, los representantes del sector hicieron ver que la cancelación de la Norma-236 no se hizo conforme a los procedimientos legales.
La Ley de Infraestructura de la Calidad establece una serie de pasos que, a decir de los representantes empresariales, no se cumplieron.
“En nuestra opinión, no se cumplió y, por lo tanto, tenemos en estudio la factibilidad desde el punto de vista jurídico de presentar un amparo oponiéndonos a la decisión”, consideró Guillermo Rosales.
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La Norma en cuestión planteaba que los propietarios de los autos de más de cuatro años de antigüedad llevaran a revisión sus unidades, para confirmar que no tuvieran fallas de funcionamiento.
Los autos de cinco a nueve años iban a ser revisados cada dos años, mientras que los de más de 10 años iban a ser revisados una vez al año.
Esta inspección —que implicaba el pago de una cuota de 900 pesos— iba a ser independiente a la verificación vehicular de emisiones contaminantes.
GC
