El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con suficiencia financiera hasta el año 2035, resalta un análisis hecho por la propia institución de salud.
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto, la gestión financiera implementada les permitió alcanzar un remanente de operación de 830 millones de pesos al cierre de 2021.
“Este resultado consideró el cumplimiento de la meta de reservas y fondos, así como el fortalecimiento de la Reserva Operativa”, indicó la institución.

Lo anterior fue detallado en el Informe que el IMSS entregó el pasado 30 de junio al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión, a fin de dar cumplimiento al Artículo 273 de la Ley del Seguro Social.
El documento apunta que, aunque la gestión financiera implementada permitió al IMSS contar con el remanente de operación señalado (de 830 millones de pesos al cierre de 2021), el análisis de su situación financiera revela la presencia de un conjunto de riesgos que afectan su sostenibilidad presente y futura.
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Entre los riesgos más relevantes identificados destacó la transición demográfica y epidemiológica, que implica que el Instituto atienda padecimientos cada vez más complejos y costosos de orden crónico degenerativo. Ejemplo de esto es que 1 de cada 4 pesos que se recaudaron para el Seguro de Enfermedades y Maternidad en 2021 se destinó a la atención de diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica.
Igualmente, le preocupa el crecimiento previsto de la nómina asociada al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
Aunado a lo anterior, mencionó que la pandemia del Covid-19 “ha significado un importante impacto en las finanzas institucionales derivado del incremento en la demanda de prestaciones económicas, así como servicios médicos y hospitalarios relacionados con la atención del virus”.
No obstante, aclaró que “el gasto requerido fue atendido con cargo al presupuesto autorizado, mediante la reorientación de recursos, procurando el equilibrio financiero que permitiera garantizar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley del Seguro Social”.
En tanto a los Seguros de Riesgos de Trabajo y de Invalidez y Vida, el balance actuarial determinó que presentan un superávit, es decir, se estima que sus ingresos serán suficientes para financiar sus gastos y que, por lo tanto, sus primas de financiamiento también son suficientes.
El IMSS resaltó que, en contraste, para el Seguro de Enfermedades y Maternidad en sus dos coberturas (asegurados y gastos médicos para pensionados) el balance actuarial arroja un resultado deficitario, lo que indica que sus actuales primas de financiamiento no son suficientes, con una brecha de 3 puntos porcentuales entre la prima de financiamiento y la prima de equilibrio.
En el caso del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales, su balance es apenas positivo.
“La perspectiva particular del seguro indica que, de no implementar medidas para mejorar su situación financiera, se observará déficit creciente en el mediano plazo; la estimación para este seguro considera la ampliación del servicio de guardería para hijas e hijos de hombres trabajadores conforme a la reforma a la LSS de marzo de 2020, la cual, aunque implicó una ampliación de la cobertura, no incrementó la fuente de financiamiento del seguro”.
Según el Informe, en el último año, el IMSS ofreció gran diversidad de servicios médicos preventivos y curativos a la población derechohabiente. En un día típico, el Instituto brindó más de 418 mil consultas médicas (de las cuales 40 mil fueron por urgencias), tuvo alrededor de 5,400 egresos hospitalarios y realizó casi 3 mil intervenciones quirúrgicas y más de 715 mil análisis clínicos. Lo anterior, significó un incremento de 25% respecto a 2020.
“Aún queda camino por recorrer para superar el número de atenciones médicas que se brindaban previo a la pandemia, pero los resultados muestran que los esfuerzos han ido en la dirección correcta.
“El Instituto se reorganiza y esfuerza por robustecer las prestaciones médicas, económicas y sociales, cuya cobertura alcanzó a 71.6 millones de personas al cierre de 2021, lo que significa más de 50% de la población del país. No obstante, es indispensable la implementación de medidas para su fortalecimiento, las cuales deben basarse en un diagnóstico claro de su situación financiera”, concluyó la institución.
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