En seguimiento a la reforma constitucional que desapareció siete organismos autónomos, las facultades que tiene el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza se transferirán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en referencia al proyecto de leyes secundarias que recientemente envió al Congreso de la Unión.
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El pasado miércoles, Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el proyecto de reforma a las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Contabilidad Gubernamental.
El proyecto plantea transferir las funciones del Coneval al INEGI, sin afectar la autonomía del Instituto, “ni la calidad de su labor técnica”.
De esta manera se pretende eliminar duplicidades y hacer un uso más eficiente de los recursos presupuestales.
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Como se recordará, el 29 de noviembre del año pasado, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que extingue siete organismos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), además del Coneval.
A partir de entonces, el gobierno federal comenzó a elaborar las reformas a leyes secundarias para aterrizar la desaparición de estas instituciones y reglamentar el traspaso de sus atribuciones a las secretarías de Estado y otros organismos de gobierno.
El Coneval no solo se encarga de medir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, así como otros indicadores como la pobreza laboral, sino que también tiene la misión de evaluar los resultados de la política de desarrollo social y verificar su incidencia en los niveles de vida de la población.
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Grupos de expertos, como México ¿Cómo vamos?, han cuestionado si el INEGI tiene facultades legales, la capacidad técnica y la independencia suficiente, para evaluar los resultados de la política social, identificada principalmente con los programas de transferencias económicas como la pensión para adultos mayores y las becas para aprendices.
GC
