La propuesta para crear la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB) constituye una buena oportunidad para avanzar en mejora regulatoria; sin embargo, el proyecto también plantea riesgos en materia de transparencia, calidad regulatoria y certeza jurídica de los ciudadanos.

Así lo advirtieron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la organización México Evalúa, a través de un comunicado.

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El proyecto de la LNETB, que puede someterse a votación en el Congreso de la Unión en un periodo extraordinario, plantea reducir a la mitad los tiempos para la realización de trámites burocráticos, así como digitalizar 80% de los trámites.

Se propone crear la “Llave Mx”, que constituye una especie de clave de identidad para que el ciudadano pueda realizar los trámites digitales.

Otras propuestas consisten en crear un expediente para cada ciudadano y dar validez legal a los documentos digitales, por mencionar algunos de los detalles más relevantes.

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Sin embargo, Coparmex y México Evalúa expusieron que más allá de modernizar las gestiones administrativas del sector público, un primer paso que debe darse consiste en reducir los trámites y modificar sus procedimientos de manera física en las oficinas de gobierno y con los empleados públicos.

De lo contrario, el hecho de aplicar la tecnología sobre los trámites que ya existen y tal como funcionan en la actualidad, implicará que vicios como la complejidad, la duplicidad y el exceso de documentos se llevará al mundo digital.

“No puedes digitalizar encima de procesos o de trámites que no están bien establecidos, que son redundantes o que tienen vicios”, refirió Mariana Campos, directora de México Evalúa, citada por el comunicado.

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La nueva LNETB plantea que el trámite conocido como Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que se utiliza para evaluar las implicaciones que tendrá un nuevo trámite gubernamental para los sujetos obligados, solo se utilizará para casos específicos, con lo que las autoridades podrán hacer cambios a los trámites sin ponerlos a consideración de la sociedad.

Este será el caso para trámites relacionados con expropiaciones, recaudación tributaria o seguridad pública.

“También se cuestiona la centralización de competencias en una sola dependencia federal, la desaparición de los consejos locales de mejora regulatoria y del observatorio ciudadano, así como la falta de mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento. Esto podría limitar la transparencia, debilitar los contrapesos y reducir la autonomía de estados y municipios”, refirió el comunicado.

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Si bien es loable tratar de reducir los trámites y agilizarlos mediante la tecnología, la reforma no reconoce el hecho de que existe una amplia brecha digital en el país, entre segmentos de la población y las regiones, con lo que un grave riesgo consiste en que se amplíen las desigualdades entre los que pueden hacer los trámites en línea con sus dispositivos electrónicos personales y los que no tienen a su alcance ni servicio de internet, ni aparatos electrónico, ni conocimiento sobre como interactuar en internet.

Lo anterior, sin olvidar los retos en materia de seguridad cibernética, ante los frecuentes ataques que han enfrenado los sitios de internet de varias dependencias de gobierno, por lo que sería deseable que la nueva Ley establezca medidas más concretas y presupuestos específicos para proteger la ciberseguridad de las dependencias que tengan datos personales de los ciudadanos e información sensible, como las declaraciones de impuestos, concluyó el comunicado.

GC