El gobierno federal avanza en las políticas de impulso a la industria del acero establecida en el país para que tenga participación preferente en las compras de las obras de infraestructura pública del presente sexenio.
La estrategia pretende blindar la producción nacional y potenciar la proveeduría local frente a las presiones del comercio exterior, comentó Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, al participar en Summit 2026 de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero).
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Las estimaciones oficiales calculan una demanda superior a las 720,000 toneladas de acero para el desarrollo de los proyectos de infraestructura prioritarios en el presente sexenio.
Ante este mercado, la industria establecida en el país tiene una capacidad de proporcionar 91% del total requerido, lo que indica que sí es factible dar preferencia a la siderúrgica mexicana.
Las acciones derivan del acuerdo siderúrgico pactado con los fabricantes del país que compromete al gobierno federal a incluir mayor contenido nacional de acero en la obra pública.
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A partir de dicho acuerdo se han instalado mesas de trabajo entre el gobierno y los empresarios.
Hasta el presente se han realizado 15 reuniones conjuntas con la participación de ocho instituciones públicas y más de 100 empresas para identificar 115 proyectos estratégicos.
“Contamos con una base productiva capaz de atender una parte significativa de las necesidades de acero de nuestros proyectos de infraestructura, generando mayores oportunidades para las empresas mexicanas, más empleos y cadenas productivas más fuertes”, declaró Buenrostro Sánchez.
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A partir del mes de agosto, algunas instituciones públicas comenzaron a aplicar los nuevos criterios normativos que incorporan el valor del acero nacional dentro de las convocatorias de licitación, entre las que se encuentran dependencias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).
GC
