Ante la aprobación del Senado de la República de la reforma que elimina a siete organismos constitucionales autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lamentó la decisión y advirtió que el nuevo modelo regulatorio del sector de telecomunicaciones y de la radiodifusión que se desprende de la reforma despierta más dudas que certezas.
Como se ha informado, el Senado aprobó ayer la extinción de siete organismos constitucionales autónomos, entre los que se encuentra el IFT, el cual se encarga de regular el mercado de telecomunicaciones y de radiodifusión.
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Asimismo, la reforma establece la creación de un nuevo organismo que fusionará a la actual Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y las facultades del IFT para supervisar las condiciones de competencia entre las empresas de telecomunicaciones y de radio y televisión.
Las demás facultades relativas a la regulación —como el otorgamiento de concesiones de radio y televisión y de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico a empresas de telefonía— pasarán a manos de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Este nuevo organismo de competencia operará bajo la influencia de la Secretaría de Economía (SE), por lo que tendrá independencia técnica pero no constitucional.
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“El decreto aprobado establece un modelo institucional distinto al vigente, para regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, con un órgano regulador en materia de competencia económica sin autonomía constitucional y un diseño en el que las facultades con las que actualmente cuenta el IFT estarían divididas entre distintas agencias gubernamentales”, refirió el IFT en un comunicado.
En este sentido, el Instituto consideró que las leyes secundarias que se redactarán en fecha posterior para definir las funciones del nuevo organismo de competencia, así como las facultades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, tendrán que atender una serie de condiciones específicas, en aras de garantizar que la regulación del mercado de telecomunicaciones y de radiodifusión cumpla cabalmente con su cometido en beneficio de los usuarios finales de la telefonía, el internet y de la radio y la televisión.
Las instituciones que se repartirán las funciones del IFT tendrán que actuar con “imparcialidad técnica, independencia presupuestaria y toma de decisiones colegiadas”, para garantizar “decisiones técnicas e imparciales”, sobre todo cuando actualmente no solo existen empresas privadas de telecomunicaciones, sino también públicas.
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Hoy día “existen concesionarios con participación pública que operan redes de telecomunicaciones y presta estos servicios en el país, sin comprometer el cumplimiento de acuerdos internacionales a los que está suscrito el Estado mexicano”, advirtió el IFT.
Las nuevas leyes secundarias del sector también deberán tener en cuenta que la segmentación de las funciones del IFT —las de competencia y las regulatorias— pueden derivar en “una inadecuada implementación de las políticas de competencia económica y regulación en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión”.
Un tercer punto que advierte el IFT consiste en conservar al personal especializado en telecomunicaciones y radiodifusión, que se formó en la institución desde hace varios años, ya que en la supervisión del mercado “se requieren conocimientos altamente especializados en disciplinas tecnológicas, económicas y jurídicas”.
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El IFT concluye que el modelo actual, en el que existe un organismo autónomo para regular al sector, ha dado buenos resultados al país, ya que ha interpuesto medidas asimétricas a los actores preponderantes —Telmex y Telcel—, además de que logrado reducir 33% los precios de los servicios de comunicaciones para el consumidor, entre otros resultados relevantes.
GC
