La Cámara Internacional de Comercio o International Chamber of Commerce México (ICC México) hizo un llamado al Congreso de la Unión y a la opinión pública a revisar con detenimiento dos iniciativas legislativas: la reforma a la Ley Aduanera y la reforma en materia de aguas nacionales, al advertir que, en su diseño actual, ambas propuestas pueden afectar la competitividad del país, la inversión y el empleo.
En materia aduanera, la ICC México reconoció en un comunicado que el proyecto presentado el 9 de septiembre plantea avances en digitalización y control tecnológico, pero advirtió que impone riesgos que pueden frenar el dinamismo del comercio exterior, sector que representa más del 36% del Producto Interno Bruto (PIB) y que genera casi una cuarta parte de la recaudación tributaria.
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Entre las principales preocupaciones de ICC México destacan la sobrerregulación y duplicidad de requisitos, con responsabilidades excesivas para agentes aduanales; el incremento de costos y tiempos por verificaciones adicionales y aranceles de hasta 50% para ciertos bienes; la afectación a la competitividad regional frente a países que compiten por inversiones derivadas del “nearshoring” y posibles contradicciones con compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La ICC México propuso otras medidas, como una digitalización integral mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, una gestión de riesgos moderna con base en certificación de operadores confiables, la distribución equilibrada de responsabilidades entre todos los actores de la cadena logística, una política arancelaria coherente y la adopción de convenios internacionales que faciliten el tránsito de mercancías.
En otro comunicado, la ICC México también fijó sus puntos de vista sobre la expedición de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, proyecto que reconoce el derecho humano al agua pero que incluye algunas propuestas que pueden comprometer la continuidad de cadenas productivas de ramas de actividad como la alimentaria, la farmacéutica o la energética.
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Las preocupaciones del sector privado incluyen la reducción drástica de la vigencia de concesiones, restricciones poco claras a la transmisión de derechos, una carga regulatoria más pesada sin estudios de impacto, y la concentración de atribuciones en múltiples autoridades con riesgo de discrecionalidad.
Estas medidas pueden generar incertidumbre jurídica, encarecer bienes básicos y debilitar la resiliencia del país frente al cambio climático.
Como propuestas, ICC México planteó que se garantice la seguridad jurídica de las concesiones con reconocimiento expreso del principio de no retroactividad; la definición clara del concepto de acaparamiento y transmisión de derechos; una carga regulatoria proporcional, el fortalecimiento de infraestructura hídrica mediante inversión público-privada; y un régimen transitorio realista de tres a cinco años para la aplicación de nuevas obligaciones.
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La ICC México reiteró su disposición al diálogo con el Congreso para lograr juntos un marco normativo moderno, transparente y competitivo, que concilie justicia social y ambiental con viabilidad técnica y económica.
GC
