Ante la inminente extinción de siete organismos constitucionales autónomos y la creación de un nuevo organismo antimonopolios, que fusionará a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se deberá garantizar que el resultado sea una nueva institución independiente, que pueda tomar decisiones con bases técnicas y no contaminadas de criterios políticos.
Así lo consideró la Cámara Internacional de Comercio capítulo México (ICC Mexico por sus siglas en inglés) al destacar que el nuevo organismo resultante de competencia económica tendrá que conformarse por personal calificado y especializado en las materias que abordará en adelante.
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Como se ha informado, el Congreso de la Unión discutirá esta semana el dictamen, heredado de la legislatura pasada, que extingue a siete organismos constitucionales autónomos, para trasladar todas sus facultades a las secretarias de Estado y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Sin embargo, ha trascendido que Cofece e IFT pueden fusionarse en un solo organismo, que combatirá los monopolios en un amplio campo de actividades productivas, con lo que México tratará de salvar una posible falta o incumplimiento a los capítulos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Al respecto, ICC México formuló ocho recomendaciones sobre las características principales que deberá cumplir el nuevo organismo que fusionará a Cofece e IFT, en aras de cumplir cabalmente con las funciones de un organismo antimonopolios.
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1 Que la autoridad opere de manera independiente en un sentido técnico, para lo que deberá asegurar una estructura, operación y presupuesto que garanticen su autonomía técnica.
2 Se estima que un cuerpo colegiado, compuesto por personas que hayan demostrado de manera fehaciente y pública una amplia experiencia y conocimiento en la materia, y que cuenten con nombramientos de al menos siete años, contribuirá a garantizar la independencia técnica de la institución.
3 La autoridad deberá estar enfocada en la protección del proceso de competencia económica del país y sus efectos sobre el bienestar de los consumidores.
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4 Para evitar sesgos en el análisis de casos y asegurar un proceso justo, se recomienda la separación interna de las funciones de investigación y adjudicación, promoviendo así la objetividad y equidad en la resolución de casos.
5 La autoridad deberá seguir operando con altos niveles de transparencia en sus procesos y toma de decisiones. Los controles y protocolos para el contacto con servidores públicos deben de conservarse y reforzarse.
6 Se debe respetar y fortalecer la capacidad de priorizar casos eficientemente para maximizar el impacto de las acciones de la autoridad.
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7 Se requiere de una flexibilidad organizativa que permita a la autoridad adaptarse a cambios en el entorno económico y legal, respondiendo eficazmente a nuevos desafíos y oportunidades, particularmente ante los retos que presenta la economía digital. Para lograr esto, es indispensable contar con un presupuesto adecuado y estable asegurando la independencia financiera de la autoridad.
8 El reclutamiento y retención del personal altamente calificado en economía y derecho es imprescindible para manejar casos complejos y contribuir al desarrollo continuo de la autoridad.
También se deben establecer mecanismos de evaluación y mejora continua.
GC
