El gobierno federal necesita revisar beneficios fiscales como el estímulo al precio de las gasolinas, la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y las exenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) para jubilaciones y pensiones, ya que algunos podrían haber dejado de cumplir los objetivos económicos y sociales que justificaron su creación.
Además, el país enfrenta el reto de fortalecer las finanzas públicas con una mayor recaudación tributaria, por lo que resulta indispensable evaluar si estos apoyos todavía benefician a la población con menores ingresos o si existen opciones más eficientes.
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Esa es una de las principales conclusiones de un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el cual revisó las principales renuncias recaudatorias vigentes en México. El análisis abarcó 10 renuncias recaudatorias que representan 775,893 millones de pesos (mdp) en 2026, equivalentes a 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y a 46.4% del monto total de las renuncias recaudatorias para ese año.
¿Qué beneficios fiscales requieren revisión?
El documento explica que las renuncias recaudatorias forman parte de la política fiscal porque reducen el cobro de impuestos mediante tasas preferenciales, exenciones, deducciones y estímulos. Sin embargo, advierte que muchos de esos mecanismos permanecen vigentes sin evaluaciones periódicas sobre su efectividad o sobre la población que realmente obtiene el beneficio.
El primero corresponde a la tasa cero del IVA en alimentos, con una renuncia estimada en 471,748 mdp, equivalente a 1.26 % del PIB.
El CIEP considera necesario verificar si ese beneficio realmente favorece a los hogares con menores ingresos o si existen instrumentos más eficaces y progresivos para apoyarlos.
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También recomienda revisar la exención del IVA en servicios de enseñanza, cuyo costo asciende a 38,482 mdp, equivalentes a 0.10% del PIB. El estudio advierte que este incentivo beneficia principalmente a quienes pueden pagar educación privada, por lo que resulta pertinente analizar si cumple su propósito social.
En el caso de la exención del IVA en vivienda, con un costo de 26,165 mdp o bien 0.07% del PIB, el organismo plantea evaluar quién recibe realmente ese apoyo y si representa la mejor herramienta para garantizar el derecho a la vivienda.
Beneficios para contribuyentes con mayores ingresos
El análisis también incluye las deducciones personales del ISR, el estímulo por colegiaturas, la exención a jubilaciones y pensiones, la previsión social vinculada al empleo formal, las aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones, la deducción por adquisición de automóviles y el estímulo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combustibles de automotores.
En estos casos, el CIEP considera indispensable revisar la distribución de los beneficios, ya que muchos dependen de tener empleo formal, capacidad para realizar determinados gastos o cumplir requisitos fiscales.
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Eso puede provocar que los incentivos favorezcan en mayor medida a personas con ingresos altos.
Como ejemplo, el estudio cita la deducción por adquisición de automóviles. Según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 80.37% del beneficio destinado a unidades de combustión interna se concentra en el decil de mayores ingresos, es decir las familias ricas.
Respecto al estímulo del IEPS para gasolinas, el CIEP considera necesario determinar si todavía se justifican los apoyos fiscales para contener los precios de los combustibles o si conviene establecer reglas claras para reducirlos conforme cambien las condiciones económicas.
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El organismo concluye que todas estas renuncias requieren evaluaciones periódicas para verificar si cumplen sus objetivos originales y si representan el mejor uso posible de los recursos públicos.
GC
