Aunque el gasto público en infraestructura ha crecido de manera importante en los últimos años, México necesita destinar una mayor proporción de esos recursos a obras con impacto social y perspectiva de género para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, especialmente de las mujeres que enfrentan mayores cargas de trabajo de cuidados.
Para 2026, el presupuesto destinado a obra pública asciende a 652,961 millones de pesos (mdp). De ese monto, 484,093 mdp, equivalentes al 74.1%, se concentran en proyectos de desarrollo económico, principalmente energía y transporte.
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En contraste, la infraestructura social recibe 165,013 mdp, que representan 25.3% del total, mientras que las funciones de gobierno cuentan con apenas 3,855 mdp, equivalentes a 0.6%.
Según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), esta distribución refleja una estrategia orientada a impulsar la productividad y la conectividad, pero deja en segundo plano inversiones que podrían contribuir a reducir brechas sociales y de género.
El organismo explica que la infraestructura pública no sólo tiene efectos sobre el crecimiento económico. También influye en la distribución del tiempo, la oferta de servicios básicos y las oportunidades de participación laboral de mujeres y hombres.
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Entre 2020 y 2026, el gasto en obra pública pasó de 499,283 mdp a 652,961 mdp, lo que representa un incremento real de 30.8%. Sin embargo, el avance no ha sido uniforme.
En 2024 la inversión alcanzó 802,841 mdp, pero en 2025 registró una caída real de 18.5% debido, entre otros factores, a la conclusión de proyectos prioritarios y a los ajustes fiscales aplicados tras el aumento del déficit presupuestario. Para este año se prevé una contracción adicional de 0.2%.
El CIEP considera que fortalecer la infraestructura social permitiría atender problemas que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, como la carga de trabajo no remunerado relacionada con el cuidado de niños, adultos mayores y personas dependientes.
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El estudio destaca que las inversiones en centros de cuidado, guarderías, servicios de proximidad, sistemas de transporte seguros, abasto de agua, vivienda y equipamiento comunitario generan beneficios económicos relevantes.
Al reducirse el tiempo destinado a tareas domésticas y de cuidado, se facilita una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y se amplían sus oportunidades de desarrollo.
Según el CIEP, la forma en que se diseñan las ciudades, los servicios públicos y la infraestructura social puede facilitar o limitar el empleo, la educación y otros servicios esenciales.
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En este sentido, incorporar la perspectiva de género en la planeación y evaluación de las obras públicas permitiría complementar los objetivos de crecimiento económico con metas de bienestar e igualdad.
El análisis del CIEP también menciona experiencias internacionales que han dado prioridad a la infraestructura de cuidados. Argentina, por ejemplo, estableció una asignación mínima de 8.5% de la obra pública para este tipo de proyectos, mientras que Colombia desarrolló las llamadas “Manzanas del Cuidado” para acercar servicios a las comunidades.
En México ya existen iniciativas como los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS, las UTOPÍAS de Iztapalapa y la Casa de las 3R.
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Sin embargo, el CIEP considera que estos esfuerzos todavía son aislados y que una estrategia nacional permitiría ampliar sus beneficios y avanzar hacia una mayor igualdad social y económica.
GC
