La subsecretaria de Egresos de Hacienda, Bertha Gómez Castro, defendió el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, al asegurar que la propuesta es viable, equilibrada y congruente con los ingresos disponibles, con un gasto neto total de 10.6 billones de pesos, 4.3% superior al presupuesto aprobado para 2026.

Durante la reunión de trabajo con legisladores, la funcionaria sostuvo que el proyecto busca avanzar en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y cumplir los 100 compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la ciudadanía, bajo una política de gasto basada en finanzas públicas sanas, consolidación fiscal progresiva y disciplina en el manejo de la deuda.

“Consideramos que la propuesta presentada es viable, equilibrada, congruente con los ingresos disponibles”, afirmó Gómez Castro al presentar los principales componentes del proyecto presupuestario, con el que, dijo, se busca dar continuidad a las metas de la actual administración.

Del gasto neto total propuesto para 2027, 7.4 billones de pesos corresponderán al gasto programable y 3.2 billones al gasto no programable, mientras que la mayoría de los ramos administrativos registrarán incrementos iguales o superiores a la inflación, con excepción del ramo de Energía, cuya reducción se relaciona con el ajuste en la partida presupuestaria estimada para Petróleos Mexicanos (Pemex), que pasaría de 263 mil millones de pesos en 2026 a 81 mil millones en 2027.

En materia de inversión, la subsecretaria señaló que el proyecto contempla un monto para inversión física 6.8% superior al autorizado para 2026, además de una asignación de 560 mil millones de pesos para los principales proyectos estratégicos, de los cuales 151 mil millones se destinarán a trenes, 35 mil millones a carreteras, caminos, puentes y distribuidores, y 22 mil millones a obras hidráulicas.

En el sector energético, indicó que Pemex destinará 255 mil millones de pesos a proyectos de inversión prioritarios, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contará con 61 mil millones de pesos para incrementar su capacidad de generación y transmisión.

La salud y la educación también figuran entre los rubros con mayores asignaciones dentro de la propuesta, pues el presupuesto para el sector salud ascenderá a 2.7 billones de pesos, un incremento de 11.3% respecto a 2026, con recursos para el mantenimiento y equipamiento de unidades médicas, la ampliación de la capacidad hospitalaria, la contratación de personal y el abasto de insumos y medicamentos.

Al referirse a la política sanitaria, Gómez Castro sostuvo que el objetivo es consolidar la atención médica como parte de los derechos de la población y fortalecer los servicios en los distintos niveles de atención, incluida la salud mental.

En este sector, destacó el fortalecimiento de la atención primaria mediante la creación de 12 mil 750 consultorios, así como la continuidad del programa Salud Casa por Casa, para el que se proponen 5 mil millones de pesos destinados a garantizar el acceso permanente a servicios médicos para personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Para educación, el proyecto contempla 1.3 billones de pesos, 10.7% más que el presupuesto de 2026, con recursos para infraestructura, mantenimiento de planteles, desarrollo docente, ciencia, cultura y deporte, además de 190 mil millones de pesos para las becas Benito Juárez y 20 mil millones para el programa La Escuela es Nuestra.

Gómez Castro apuntó que durante 2026 se crearon 156 mil nuevos espacios en educación media superior y que la meta para el sexenio es alcanzar 400 mil lugares adicionales en ese nivel educativo, mientras que en educación superior se han creado 245 mil nuevos espacios durante los primeros dos años del gobierno, de acuerdo con lo expuesto ante los legisladores.

La funcionaria defendió la ampliación de la oferta educativa pública y afirmó que esta política busca evitar que los estudiantes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos, en particular mediante el programa de becas Benito Juárez.

En seguridad, la propuesta prevé 341 mil millones de pesos, un aumento de 11.5% respecto al año en curso, para fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas, logísticas y de infraestructura de las instituciones, así como las acciones de prevención del delito, atención de territorios prioritarios y coordinación entre las autoridades federales y estatales.

El campo recibirá 106 mil millones de pesos, monto 20.6% superior al de 2026, con el propósito de respaldar actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, además de programas dirigidos principalmente a productores de pequeña y mediana escala. Para vivienda social, en tanto, se proponen 34 mil millones de pesos destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas.

Sobre el gasto no programable, Gómez Castro detalló que el costo financiero de la deuda se estima en 1.6 billones de pesos, lo que representa una disminución real de 2.9% frente a lo aprobado para 2026, en tanto que las participaciones para las entidades federativas alcanzarían 1.5 billones de pesos, un incremento de 6.3%.

La subsecretaria también destacó los recursos que se transferirán a los gobiernos locales mediante participaciones, aportaciones federales, convenios y subsidios, que en conjunto sumarían 3 billones de pesos para estados, municipios y comunidades indígenas y afromexicanas.

Por otra parte, el presupuesto propuesto para los poderes Legislativo y Judicial, así como para los organismos autónomos, asciende a 155 mil millones de pesos, 17.9% más que lo autorizado en 2026. Gómez Castro precisó que Hacienda remitió los proyectos de esos entes en los términos en que fueron recibidos, en respeto a su autonomía presupuestaria, por lo que corresponde a la Cámara de Diputados determinar su procedencia.

Finalmente, la funcionaria acentuó que el proyecto incorpora 14 anexos transversales, incluidos dos nuevos relacionados con movilidad y seguridad vial, así como diversidad sexual y de género, y defendió las medidas de transformación digital y simplificación administrativa contempladas en la propuesta.

“Los frutos de esta política, ya se ven, la mejor en la gestión del gasto operativo y administrativo, ha permitido ahorrar recursos que regresaron al pueblo convertidos en derechos”, afirmó.

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