Una cascada de solicitudes de amparo y de arbitrajes internacionales en contra del gobierno federal es lo que se anticipa en caso de que se apruebe la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también es previsible la quiebra de varias empresas y de pequeños productores de electricidad que invirtieron todos sus recursos económicos y su esfuerzo en el sector.

“Lo que dice el artículo segundo transitorio que al día siguiente de la aprobación del decreto se cancelarán los contratos y permisos de generación de electricidad, significa por ejemplo que en lo inmediato se cancelará el permiso de una empresa de ciclo combinado de 1,000 megawatts (MW)”, refiere en entrevista Lourdes Melgar Palacios, consejera fundadora en Voz Experta e investigadora afiliada al Centro de Inteligencia del Instituto MIT.

Pero no solo se afectará a las empresas grandes, sino también a los pequeños productores de electricidad, ya que “se cancelará el permiso a una persona que ha puesto un panel solar en su casa o a la pequeña empresa que instaló una planta de generación”, comenta la experta para explicar los alcances que tendrá la reforma eléctrica, si logra ser aprobada tal cual en el Congreso de la Unión.

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De la noche a la mañana, los mexicanos pasarán de generar a vender electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al precio que la empresa indique y también a comprar la energía al precio que la empresa quiera, agrega Melgar Palacios.

“El riesgo enorme es que habrá amparos, arbitrajes internacionales de empresas (principalmente extranjeras); pero el punto central es que habrá quiebra de empresas, de personas que han puesto paneles solares y que ya no tendrán forma de cubrir los compromisos que adquirieron para pagar sus sistemas de generación, porque les cambiaron el modelo económico”, advierte la experta.

En este sentido, la eventual cancelación de permisos de operación y contratos tendrá un impacto en cadena dentro de la industria eléctrica nacional.

La iniciativa de reforma constitucional de López Obrador establece que la generación de electricidad es estratégica para el Estado mexicano y que este trabajo lo hará CFE, de modo que la compañía tendrá la capacidad para contratar a agentes privados, en aras de auxiliarse en este cometido.

“Va a haber contratos, va a ser como un símil a los contratos de extracción de hidrocarburos, a través de los cuales el Estado solicita a productores privados que desarrollen una actividad a nombre del Estado”, comenta Lourdes Melgar sobre cómo plantea el proyecto de ley la participación de las empresas particulares en la industria eléctrica nacional.

Manuel Bartlett, frustrado ante productores privados

La experta destaca que dentro de la iniciativa se establece claramente un freno a los productores independientes y a las empresas con plantas de autoabastecimiento, lo que anticipa que estos segmentos no podrán desarrollarse en adelante.

“Lo que llama la atención de la iniciativa es que dice que existen sistemas de autoabasto que son ilegales y que no les darán contratos ni les comprarán energía eléctrica. Y a los productores independientes de energía que, a raíz de la reforma del sexenio pasado invirtieron para aumentar su capacidad y poder vender más energía al mercado, a esos no les comprarán excedentes”, alerta Melgar Palacios.

Además, la iniciativa de reforma en materia eléctrica establece que CFE evaluará cuáles son los permisos de autoabastecimiento que son ilegales y cuáles no, pero sin explicarse los criterios bajo los cuales se harán las evaluaciones del caso, lo que abre un amplio espacio de discrecionalidad.

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“Ha habido una gran frustración, no necesariamente de CFE, sino del director de CFE –Manuel Bartlett Díaz— quien, desde hace décadas, ha estado en contra de los productores independientes y de los esquemas de autoabasto, hay una visión clara de anularnos”, considera Lourdes Melgar.

En entrevista, que se realizó por videoconferencia, la experta opina que la reforma aprobada en el sexenio pasado, que abrió al sector energético a la inversión de particulares, no significó la privatización de la industria eléctrica ni de la industria petrolera.

“No se privatizó nada, no se privatizó ni un clavo, ni un tornillo (…) Lo que se hizo en electricidad fue poner orden, tras la apertura de 1992, cuando se introdujo la figura de productores independientes. El gobierno de México no tenía dinero suficiente para generar la electricidad necesaria, entonces les pidió a los privados construir plantas y que le vendieran la energía a CFE”, recuerda Melgar Palacios.

Asimismo, se creó la figura de autoabastecimiento, para que las grandes empresas consumidoras de energía tuvieran electricidad suficiente, barata y de fuentes limpias, conforme a los requerimientos de sus casas matrices, ya que CFE no podía o no tenía interés en invertir en energías renovables.

Previo a 2013, en México existía “un mercado paralelo”, en el que los privados tenían energía eléctrica barata y de fuentes limpias, mientras que el resto de la población recibía electricidad costosa y de fuentes fósiles contaminantes, situación que trató de equilibrarse con la reforma del sexenio pasado. Sin embargo, este proceso se ha detenido con la política energética de la actual administración, refiere Lourdes Melgar.

GC