Los gobiernos estatales observan un nivel de endeudamiento moderado, que se ubica en un nivel de 43% de sus ingresos de libre disposición —que incluyen participaciones federales e ingresos propios—, cifra favorable en comparación con el promedio de 75%, que se reportó en 2016.
Esta situación permite que los gobiernos estatales puedan adquirir financiamiento, en aras de impulsar la inversión pública en proyectos de infraestructura relevante para la población, consideró Moody’s Local México, en el reporte “Moderado nivel de endeudamiento estatal ofrece margen para incrementar gasto en infraestructura”.
Conforme a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), 30 estados del país observan un nivel de endeudamiento sostenible.
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El estado de Coahuila es el único de todos que se encuentra en observación, mientras que Tlaxcala actualmente no tiene compromisos de deuda.
En 2016, la situación era muy diferente, ya que 20 estados tenían un endeudamiento sostenible, mientras que 10 estaban en observación y una entidad se clasificó en endeudamiento elevado, refiere Moody’s Local México.
Hace cuatro años, el nivel de endeudamiento de los estados era de 60% de sus ingresos de libre disposición, en 2020 subió a 63%, pero al año siguiente volvió a disminuir a 60%. En 2022, el nivel promedio bajó a 50%.
El reporte hace ver que la LDF autoriza a los estados con deuda sostenible contratar nuevos compromisos de financiamiento equivalentes a 15% de sus ingresos de libre disposición al año.
Mientras que las entidades en observación solo pueden adquirir nueva deuda en una proporción de 5%.
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Con base en estos criterios, las 32 entidades federativas que componen la República Mexicana pueden contratar este año deudas por un monto máximo de 196,000 millones de pesos (mdp), lo que puede ser una ayuda en este 2024 en el que se avecina el cierre de la administración federal y el cierre de gobierno de nueve entidades, estimó Moody’s Local México.
“Los estados cuentan con margen para incrementar el gasto de inversión pública, el cual lleva varios años a la baja”, consideró el reporte.
Si se consideran únicamente los ingresos operativos de los gobiernos estatales, la deuda directa e indirecta alcanzó un nivel de 52%, mientras que el gasto de capital respecto al gasto total fue de 5%.
Pero en el año 2022, aunque la deuda estatal bajó a 40% de los ingresos operativos, el gasto de capital fue de 4.1% de los gastos totales, lo que muestra cómo ha disminuido la inversión pública en los últimos años.
“En 2024, las entidades que pueden contratar montos más altos de deuda de largo plazo, de acuerdo con el sistema de alertas y su nivel de ingresos: son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz”, consideró el reporte.
GC
