En el debate de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador han destacado las críticas a la figura de autoabastecimiento de energía y a las tarifas de porteo, pero en lugar de proponer que se eliminen, lo que se debe hacer es revisarlas y aclarar los aspectos que pudieran tener alguna sombra de duda.
En entrevista, Eleazar Castro, consultor de energía y director del programa de Data Science y Energía, recuerda que la figura de autoabastecimiento –que se creó en 1993 y que permite a los particulares invertir en plantas eléctricas para su consumo— tuvo el acierto de “incentivar nueva generación de electricidad” en el país y que los centros de consumo contribuyeran a ampliar las redes eléctricas.
“Los privados pudieron participar en el sector, pero con la condición de que nadie pudiera vender electricidad en el país más que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, refiere el experto.
De modo que “si quisiéramos vender todos, que fueran las reglas menos estrictas, habría que cambiar la Constitución, lo que no se hizo ni siquiera en 2013 y no se pudo cambiar”, agrega Eleazar Castro.
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La solución que se encontró consistió en la creación de sociedades de autoabastecimiento, esto es empresas que producen electricidad para su propio uso. Más tarde, en 2013, se introdujo la figura de los productores independientes de energía (PIE), quienes solo pueden vender la electricidad a CFE.
La crítica del gobierno federal consiste en que los participantes en la figura del autoabastecimiento encontraron la manera de vender la electricidad a otros participantes en la sociedad, al incorporar “nuevos socios” que participan con 1 peso, con lo que supuestamente han burlado la ley.
Sin embargo, “esa queja no tiene sustento porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dicho que la figura de autoabastecimiento es legal, que son sociedades legales”, recuerda Eleazar Castro.
Así que más que “cortar de tajo” los esquemas de participación privada en la industria eléctrica, hay que procurar que estos se puedan adaptar, en todo caso, a las necesidades del mercado o bien que se corrijan los vicios que pudieran tener.
Tarifas de porteo
Otra de las quejas de la presente administración sobre las leyes vigentes consiste en las tarifas de porteo, que se refiere a las tarifas que cobra la CFE a los privados por transportar la electricidad producida en las instalaciones privadas a través de la red pública.
Se hacían simulaciones de lo que implicaría transportar la electricidad y a partir de ahí se hacía un cálculo de las tarifas, comenta el experto.
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Pero más adelante se establecieron otras tarifas de porteo para plantas de energías renovables, a lo que se denominó “procesos de temporadas abiertas”, acuerdos que también han sido cuestionados por la presente administración, al considerar que son desfavorables para la CFE y el gobierno federal.
Las autoridades del sexenio pasado dijeron “vamos a hacer una extensión de la red de transmisión del Istmo de Tehuantepec, ya que la energía renovable todavía no es tan competitiva y le vamos a dar una tarifa preferencial de transmisión o porteo estampilla”, recuerda Eleazar Castro.
Sin embargo, las autoridades de la actual administración han manifestado su desacuerdo, de ahí que en este sexenio se hizo un ajuste a las reglas de mercado y “ahora se paga una tarifa triple de transmisión”, comenta el experto.
En este sentido, lo que se percibe es que el gobierno de López Obrador está perdiendo de vista lo más importante y que consiste en garantizar el suministro eléctrico a la población y al mejor precio posible.
“Si tu queja es que los privados tienen un esquema mediante el cual venden más barato que CFE, pierdes el foco de lo importante”, asegura el experto.
Eleazar Castro recuerda que todas las formas de participación privada están claramente expresadas en las leyes vigentes por lo que, de aprobarse la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente López Obrador, se cancelará todo lo que existe como los PIE y las subastas de largo plazo, por lo que no quedará más remedio a los particulares que acudir a los tribunales.
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“Al final saldrá mucho más caro” para el país, concluye el experto.
GC
