El gobierno federal ha iniciado un proceso de consultas encaminado a reducir el precio de los medicamentos en el mercado nacional, sin recurrir a políticas de controles de precios.
La intención de las autoridades consiste en alcanzar acuerdos voluntarios con empresas farmacéuticas y comercializadoras, así como realizar una profunda revisión de la estructura de costos en la cadena de suministro para identificar las razones por las cuales se encarecen los productos finales al consumidor.
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En su conferencia de prensa de todas las mañanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que el gobierno federal sigue comprometido con el objetivo de mantener la gratuidad de medicinas en centros de salud y hospitales públicos, en aras de apoyar a la economía familiar.
Sin embargo, la mandataria hizo ver que en el sector privado —clínicas y hospitales particulares, farmacias y supermercados— se han identificado abusos de precios en medicamentos, prácticas que afectan el bolsillo de las familias y que se deben combatir.
Esta tarea se encuentra en marcha, bajo la coordinación de las secretarías de Economía y de Salud, quienes analizan mecanismos encaminados a reducir los precios y hacer ajustes logísticos que mejoren la eficiencia en la distribución.
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“Lo estamos viendo con Economía y Salud para ver qué mecanismos se promueven para la disminución de los precios. No se trata de poner topes, ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y con los comercializadores de los medicamentos porque hay algunos que son un exceso”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria insistió en que el enfoque del gobierno prioriza alcanzar acuerdos que permitan moderar los precios finales sin afectar la viabilidad empresarial, ni la inversión en innovación.
Las consultas que ha iniciado el gobierno federal se presentan en medio de las complejas gestiones que han tenido las instituciones de salud pública para contratar las compras consolidadas de medicamentos e insumos para la salud, en las cuales el gobierno federal ha puesto en evidencia a comercializadores, por vender a sobreprecios, y tanto a estos como a las farmacéuticas, por entregar con retrasos los pedidos a las instituciones de salud.
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En tanto, las farmacéuticas y los distribuidores y comercializadores se han quejado de que el gobierno se atrasa en liquidar los contratos de compra, pese a que las entregas ya se efectuaron.
GC
