El gobierno federal avanza en su labor de cabildeo para promover su iniciativa de reforma en materia de minería, que aspira a poner orden en la explotación de los recursos naturales del país, como el agua y los minerales, y también para hacer responsables a los concesionarios de la seguridad de los trabajadores.
María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía, se reunieron a fines de la semana pasada con legisladores federales, en sesiones privadas, para explicar las propuestas principales de la iniciativa de ley que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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En su presentación ante diputados del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Albores González acusó que en administraciones pasadas se autorizaron concesiones de manera indiscriminada, ya que de 1992 a la fecha, se otorgaron 65,534 concesiones para exploración y explotación de recursos minerales, que involucran poco más de 117 millones de hectáreas.
Sin embargo, esas extensiones de terreno representan cerca de 60% de los 195.6 millones de hectáreas de la superficie nacional. Por esta situación, la mayor parte de la superficie terrestre del país corre el riesgo de enfrentar problemas de contaminación y sobreexplotación de recursos naturales, consideró la funcionaria federal.
No habrá minería en áreas naturales protegidas
A fines de marzo pasado, López Obrador envió su iniciativa de reforma para modificar las leyes Minera, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Entre otros aspectos, la reforma minera pretende reducir de 50 a 15 años las concesiones mineras, prorrogables por una sola vez; las empresas concesionarias ya no podrán concentrar más de 30% de volumen de agua disponible en el lugar donde tengan sus operaciones y tampoco se autorizarán concesiones en lugares que carezcan de agua.
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Asimismo, la reforma prohíbe la actividad minera –exploración, extracción beneficio y disposición final de residuos mineros— en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales.
Además que las nuevas concesiones se otorgarán previa consulta a los pueblos y comunidades rurales residentes en los lugares de interés para la industria minera, la cual tendrá que ser financiada por la empresa solicitante de la concesión.
Causas de cancelación de concesiones
María Luisa Albores se reunió el viernes pasado con diputados del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), según un comunicado de la Semarnat. En tanto que Raquel Buenrostro hizo lo propio con el mismo grupo parlamentario en el transcurso del fin de semana, según versiones de la prensa nacional.
En sus comentarios a los legisladores, para pedir su respaldo al proyecto, Raquel Buenrostro mencionó que el gobierno cancelará las concesiones mineras a las empresas mineras –nacionales o extranjeras— que no tengan permisos vigentes para uso de agua y también si incurren en actos de contaminación o daños al medio ambiente.
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Raquel Buenrostro igualmente expuso ante los diputados del oficialismo que el proyecto de reforma plantea que si los concesionarios encuentran minerales distintos a los que originalmente tenían prospectados, primero tendrán que dar aviso del hallazgo a la Secretaría de Economía y, en su caso, entregar los minerales a la dependencia; pero no tendrán permitido explotarlos de manera automática, puesto que su concesión no lo tendrá previsto.
Protección a trabajadores de la minería
En materia de seguridad, los concesionarios de la actividad minera tendrán la obligación de contratar ingenieros encargados de la seguridad dentro de sus instalaciones, para prevenir accidentes. En el caso de las minas de carbón –de triste memoria para México— deberá haber un ingeniero de seguridad por cada siete trabajadores y uno por cada 40 trabajadores, en el resto de las unidades mineras.
Asimismo, Raquel Buenrostro destacó que la reforma plantea tipificar como delito la extracción y comercialización ilegal de minerales o bien la explotación minera y la enajenación de la misma con documentos apócrificos. Igualmente será un delito exportar minerales sin los permisos correspondientes.
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También será causal de cancelación de concesiones que las empresas incumplan con sus obligaciones fiscales en dos años consecutivos y que también suspendan labores en las minas por dos años consecutivos.
Se espera que, en el transcurso de esta semana, los diputados federales presenten un dictamen del proyecto de reforma y lo lleven a la discusión y votación en sesión plenaria.
(Con información de Milenio diario)
GC
