El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que el gobierno federal enfrentará un margen fiscal cada vez más reducido hacia 2027, lo que complicará la consolidación de las finanzas públicas sin recurrir a mayor endeudamiento o recortes al gasto

En su análisis semanal, el organismo señaló que la primera aproximación del Presupuesto 2027 contempla medidas orientadas a avanzar en la consolidación fiscal; sin embargo, sostuvo que también deja ver las limitaciones estructurales que enfrenta el sector público para atender plenamente las necesidades financieras del país.

De acuerdo con el CEESP, en un escenario optimista, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta que en 2027 la economía mostrará un mayor dinamismo, lo que permitiría que los ingresos tributarios aumenten 2.1%. No obstante, dicho incremento sería contrarrestado por una caída de 23.8% en los ingresos petroleros, de modo que los ingresos totales del sector público registrarían una disminución de 1.4%.

El organismo indicó que, aunque se prevé una mejora en la recaudación, ésta obedecería principalmente a una mayor fiscalización y actividad del sistema tributario más que a un fortalecimiento del crecimiento económico.

Añadió que la capacidad contributiva de empresas y hogares se debilita en un contexto de bajo crecimiento, lo que limita el potencial recaudatorio del país y, al mismo tiempo, incrementa la incertidumbre e inhibe la inversión productiva.

Para 2027, agregó el CEESP, el gobierno prevé una reducción de 3.2% en el gasto total como parte de la estrategia de consolidación fiscal, con el objetivo de disminuir el déficit público. Sin embargo, advirtió que concretar ese ajuste requerirá recortes en diversos rubros presupuestales, algo que consideró complejo si se mantienen sin modificaciones los programas prioritarios de la actual administración.

Precisó que dichos programas representan alrededor de 2.8 billones de pesos, equivalentes a casi 30% del gasto público total.

A ello se suma que existen partidas con escasa flexibilidad presupuestaria, entre ellas la nómina y pensiones del sector público, así como el costo financiero de la deuda, rubros que en conjunto podrían absorber casi 80% del gasto total, reduciendo de forma significativa el margen de maniobra presupuestal.

El CEESP añadió que también deberá incorporarse el costo del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, lo que incrementará las presiones sobre las finanzas públicas.

En este contexto, el organismo advirtió que la necesidad de mayores recursos, combinada con fuentes de ingreso limitadas, apunta a un incremento adicional de la deuda pública.

Refirió que, conforme al documento de Precriterios de Política Económica, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de deuda, se ubicaría en 55% del PIB en 2027, equivalente a 21.8 billones de pesos.

Ello implicaría que tan sólo en 2027 la deuda aumentaría en 1.6 billones de pesos, mientras que en los primeros tres años de la presente administración el incremento acumulado sería de 4.4 billones de pesos.

Con esas cifras, apuntó el organismo, en los últimos siete años —incluido 2027— la deuda habría acumulado un crecimiento de 11.3 billones de pesos, monto superior a los 10.8 billones de pesos del saldo histórico acumulado hasta 2018.

Ante ese panorama, el CEESP consideró que las autoridades requerirán fuentes adicionales de recursos para sostener el gasto público y cumplir con sus compromisos fiscales.

Recordó que en la administración previa se utilizaron fideicomisos y fondos públicos, además de que se eliminaron organismos autónomos, mientras que recientemente se aprobó la posibilidad de emplear hasta 30% de los recursos de las Afores para financiar proyectos prioritarios de inversión del gobierno.

Frente a ello, el organismo sostuvo que una alternativa más eficiente sería facilitar e incentivar la inversión productiva del sector privado mediante medidas que fortalezcan el ambiente de negocios.

Subrayó que el gobierno tiene la obligación de establecer estrategias que eleven el nivel de vida de los hogares y afirmó que un mecanismo efectivo para ello es la generación de empleo formal, impulsada principalmente por la iniciativa privada.

En ese sentido, advirtió que mientras aumenten los costos fiscales para personas físicas y morales, así como los costos laborales, seguirá limitada la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso y ampliar el crecimiento de la economía formal.

Finalmente, el CEESP reiteró la importancia de una asignación eficiente del gasto público, especialmente en inversión productiva, al considerarla un elemento clave para elevar la competitividad del país.

Asimismo, insistió en la necesidad de reducir los niveles de deuda del sector público para preservar el equilibrio fiscal de largo plazo y contener presiones inflacionarias que puedan afectar el poder adquisitivo de los hogares.

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