El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno dio por terminada, anticipadamente, la contratación de Grupo México y de la empresa Acciona para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

En su conferencia de prensa de todas las mañanas, el mandatario explicó que esta decisión se debió a la reciente declaratoria del Tren Maya como obra de “seguridad nacional” y porque el Ejército Mexicano participa en el mismo proyecto.

López Obrador aseguró que no tiene calculado el monto de la indemnización que tendrá que pagarse a las empresas por la terminación anticipada del contrato.

Te puede interesar: AMLO decretó expropiar ocho predios en QRoo para construir el Tren Maya

En su defensa por el desarrollo de esta obra de infraestructura, una de las más relevantes de la presente administración, el mandatario acusó que autoridades de Estados Unidos y “un grupo mafioso”, supuestamente encabezado por el empresario Claudio X González, además del José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se han opuesto al Tren Maya.

Lo anterior, debido a los juicios de amparo que han interpuesto grupos ambientalistas en contra de la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, que corre de Tulum a Playa del Carmen, Quintana Roo, y quienes han señalado que no se presentaron de manera oportuna estudios de impacto ambiental.

“Se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar obra de seguridad nacional, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la Hacienda pública, porque es una obra prioritaria, porque se están aplicando tácticas dilatorias, porque no hay justicia expedita”, se quejó el mandatario.

Si aportar datos precisos, López Obrador acusó que integrantes del gobierno de Estados Unidos apoyan a las organizaciones “pseudoambientalistas” para oponerse a los trabajos de construcción.

La semana pasada se dio a conocer que el Consejo de Seguridad tomó la decisión de declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional, con lo que se justificó la reanudación de los trabajos de construcción, pese a las órdenes de suspensión definitiva que había concedido un juzgado federal a las organizaciones ambientalistas, como una medida cautelar, en lo que se resuelven los juicios de amparo.

GC