La empresa Gas Bienestar, para distribuir gas LP a precio asequible, es como un “Pepto Bismol” para aliviar un “dolor de cabeza”, ya que solo va a generar presiones a las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) que va a tener a su cargo la gestión de esta nueva compañía.

Así que lejos de aplicar un control de precios al gas LP o de crear una empresa estatal como Gas Bienestar, una política pública efectiva para promover un mercado más eficiente de gas LP deberá enfrentar las prácticas monopólicas, ampliar la base de empresas participantes y, en todo caso, otorgar apoyos al consumo pero focalizados en las zonas que más lo necesiten, dice Susana Ivana Cazorla Espinosa, socia fundadora de la empresa de consultoría SICEnrgy.

En entrevista, a través de videoconferencia, la experta refiere que una política de Estado encaminada a fortalecer al mercado nacional de gas LP, debe considerar un análisis sobre los factores internacionales y nacionales que influyen en el comportamiento volátil que recientemente han tenido los precios de este combustible.

Hoy día, el mercado internacional de los energéticos está influenciado por la participación de Estados Unidos como un activo exportador de gas propano y butano –componentes del gas LP—, al tiempo que China ha elevado su demanda de gas propano para usos industriales, lo cual ha aumentado la demanda de este combustible y por tanto ha impulsado los precios.

“No parece que vaya a cambiar esta situación y nos deja a nosotros como consumidores sujetos a esta dinámica”, comenta Susana Cazorla, quien recuerda que 77% de las familias mexicanas se abastece de gas LP.

En el contexto nacional, hay que tomar en cuenta que “históricamente” el mercado mexicano está concentrado en pocos participantes, poco más de 250 empresas, que administran más de 1,200 plantas de distribución de gas LP, lo que también explica el aumento de precios, agrega la experta.

Actualmente la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene una investigación en curso para definir si existe o no existe una situación de competencia real en el mercado mexicano, la cual todavía no concluye, pero el gobierno federal se adelantó y tomó la decisión de aplicar la política de precios máximos al combustible desde el 1 de agosto, así como crear la empresa Gas Bienestar.

“La regulación debía venir de la declaratoria que haga la Cofece. Ellos saben cómo dividir al territorio para analizar la concentración ilegal de grupos”, refiere Susana Cazorla.

La Cofece “tiene sus tiempos” y comenzó de oficio la investigación en mayo pasado para hacer la declaratoria de ausencia de competencia, que constituye “el procedimiento más rápido que tiene y su fecha de vencimiento es en diciembre”, explica la especialista.

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Hasta entonces se conocerán los resultados de la investigación y las recomendaciones del organismo antimonopolios, pero las autoridades federales no quisieron esperar.

Paliativos para un problema mayor

Sobre Gas Bienestar, la experta considera que se trata de un paliativo que tampoco servirá para impulsar hacia abajo los precios del gas LP.

“Gas Bienestar es un Pepto Bismol para un dolor de cabeza, va a generar presiones a Pemex, porque Pemex nunca se dedicó a la distribución de gas LP, sino al suministro al mayoreo. Ahora va a tener una empresa subsidiaria, que no sabemos si tendrá plantas”, refiere Susana Cazorla.

La eficiencia con la que funcione esta compañía dependerá de que tenga infraestructura como plantas de almacenamiento, vehículos de reparto y cilindros, “pero hay poca información para saber”, advierte la experta.

En lugar de promover estas políticas, sería preferible que las autoridades de energía impulsaran otra serie de medidas, como identificar a las empresas que controlan los mercados a nivel regional y “atacar de manera particular en cada región”, considera Susana Cazorla.

Explica que las prácticas anticompetitivas radican en que las empresas obtengan “márgenes sobrenormales” de ganancia por las ventas del gas LP.

En este sentido, Susana Cazorla sugiere que estas conductas pueden atacarse con la entrada de nuevos competidores en las regiones identificadas o bien con apoyos focalizados a las familias de más escasos recursos, en lugar de aplicar subsidios generalizados.

“Se puede pensar en un subsidio focalizado, como una tarjeta de 10 kilos o 15 kilos al mes y hacer un padrón ya estructurado” de beneficiarios, que sí podrá apoyar de manera efectiva, concluye la especialista.

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GC