La Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó sanciones económicas a tres exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, por sus omisiones y deficiencias en su trabajo, provocaron que no se pudieran cobrar créditos fiscales en perjuicio de la recaudación de impuestos.
Las multas resarcitorias ascienden en total a 86 millones de pesos (mdp), que deberán cubrir dos exintegrantes del SAT y un trabajador que se encontraba en activo. Asimismo, esta última persona también fue separada de su cargo, informó la SFP en un comunicado.
La SFP —que dirige Irma Erendira Sandoval Ballesteros— comentó que el Órgano Interno de Control (OIC) del SAT sancionó con inhabilitación por 10 años y una multa por 56 millones 938,364 pesos a un subadiministrador local jurídico y a una exjefa del Departamento de lo Contencioso, adscritos a la Administración Desconcertada Jurídica de Zapopan, Jalisco.
Lo anterior, porque estos funcionarios estuvieron implicados en un asunto en el que intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya resolución fue que la deuda fiscal de una persona física era procedente y que por tanto el SAT tenía derecho a cobrar.
Sin embargo, los funcionarios mencionados no realizaron las gestiones necesarias para emitir un crédito fiscal, lo que resultó en daño al erario al no poderse recuperar el monto de impuestos atrasados, el cual equivale a la mula impuesta.
En otro caso, el OIC sancionó con inhabilitación por 10 años y una multa económica por 28 millones 774,125.18 pesos a un exabogado tributario, que se desempeñaba en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua.
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El OIC determinó que el exfuncionario público notificó indebidamente a una empresa, lo que provocó que la autoridad tributaria ya no pudiera cobrar un crédito fiscal.
La SFP refirió que la aplicación de estas sanciones da cumplimiento a las instrucciones de la secretaria Sandoval Ballesteros, en el sentido de que “el servicio público no debe ser tomado como un privilegio, sino como una de las más elevadas responsabilidades sociales”.
GC





