El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfocado sus esfuerzos en materia tributaria en mejorar la fiscalización, sobre todo entre los grandes contribuyentes; sin embargo, esta labor no es suficiente y las presiones presupuestales apuntan cada vez con mayor urgencia hacia un nuevo pacto fiscal.

Un nuevo pacto fiscal que no solo implique revisar los impuestos vigentes y a los sujetos obligados, sino también fortalecer las capacidades recaudatorias de los gobiernos estatales y municipales —que tienen una corresponsabilidad en política fiscal— y también revisar la estructura del gasto público, por la sencilla razón de que no se puede recaudar más y gastar igual, asegura en entrevista José Luis Clavellina Miller, director de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

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“Esperábamos una reforma como lo había mencionado el presiente Andrés Manuel López Obrador, en su tercer año de administración, que fortaleciera los ingresos públicos”, comenta el experto en finanzas públicas al recordar las promesas de campaña del mandatario.

“Sin embargo, lo que hemos visto han sido pequeñas modificaciones a la miscelánea fiscal, que sí están encaminadas a fortalecer la actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se han cobrado de mejor forma los impuestos. Incluso, en la crisis por la pandemia del Covid-19, México pudo elevar su recaudación, mientras que otros países tuvieron menores ingresos”, comenta Clavellina Miler.

Pero aún así, México es de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos recauda impuestos y también de los que menos gasta en infraestructura y servicios públicos.

Al corte de 2020, México recaudaba 17.9%, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio de la OCDE fue de 33.5%, casi el doble de nuestro país.

“Aunque ha habido una mayor eficiencia del SAT con los grandes contribuyentes, esta eficiencia recaudatoria tiene un límite. Hay que replantear cómo fortalecer los ingresos públicos, hay que revisar que los programas que existen actualmente contribuyen al crecimiento económico”, refiere Clavellina Miller.

Primero, hay que analizar la base de contribuyentes

Por un lado, es pertinente que el gobierno federal revise actividades productivas y actores económicos cuyo régimen fiscal tendrá que modificarse para que contribuyan con impuestos, como es el caso del comercio electrónico, los servicios que se prestan por aplicaciones móviles o bien la contribución fiscal de las empresas transnacionales, comenta el experto.

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Recuerda que el G20 y la misma OCDE alcanzaron un acuerdo hace unos meses para aplicar un impuesto global a las empresas trasnacionales —especialmente las tecnológicas—, en aras de que tributen en los países donde generan ingresos y no solo donde se encuentran asentadas sus oficinas centrales.

¿Y los gobiernos locales?

Esta es una parte del nuevo pacto fiscal que debiera considerarse en México, pero también la participación de los gobiernos locales, quienes tienen facultades recaudatorias —incluso tienen la capacidad de crear nuevos impuestos—, pero que no las ejercen a plenitud para no ser castigados políticamente por los ciudadanos en las elecciones.

“Las finanzas públicas estatales se han hecho muy dependientes de las transferencias de la federación, ya que en promedio entre 82% y 83% de los ingresos de los estados vienen de la federación (…) En general, hace falta que ellos fortalezcan sus ingresos propios, que cobren los impuestos que tienen a su cargo, como el predial”, comenta Clavellina Miller.

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En este sentido, el experto pone como ejemplo la tenencia de automóviles, que en varios estados se ha derogado, pero que en su momento “permitió una coordinación de los tres órdenes de gobierno y facilitó tener recursos importantes” en los estados.

Clavellina Miller —doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)— destacó en este punto la relevancia de “poner orden en las finanzas publicas federales y locales”, ya que en la tenencia de autos se ha observado “una competencia”.

Actualmente varios dueños de autos de lujo de la Ciudad de México emplacan sus vehículos en otros estados, como Morelos, para así evadir el pago del impuesto, en perjuicio de las finanzas públicas.

El reto de gastar mejor

Pero un tercer pilar que debe incorporar un eventual nuevo pacto fiscal consiste en analizar el gasto público, con el propósito de garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente.

“Hay un costo político, a nadie nos gusta pagar impuestos. Pero como ciudadanos, debemos estar pendientes de la cantidad y de la calidad de bienes y servicios públicos que nos entrega el Estado y verificar que sean eficientes los programas de gobierno, que cumplan sus objetivos. Esta es la otra parte: quizás pagamos más impuestos, no nos gusta a nadie, pero qué vamos a recibir a cambio”, cuestiona el experto al considerar que la sociedad también debe involucrarse en la política fiscal con mayor supervisión.

GC