El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que las expectativas de crecimiento para este año no son alentadoras, y el panorama se complica ante retos adicionales como la reforma judicial y las políticas comerciales implementadas por Estados Unidos.

En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) apuntó que la evolución de los principales indicadores económicos se mantiene frágil, sin señales de una recuperación importante en el corto plazo. Además, factores internos como la falta de estado de derecho, la inseguridad y la corrupción, junto con los aranceles aplicados por Estados Unidos, han elevado la incertidumbre de empresarios y consumidores, afectando directamente los motores del crecimiento: inversión y consumo.

El Centro abundó que la debilidad de la inversión pública ha sido un elemento determinante. En ese sentido, retomó que en mayo el indicador registró una caída anual de 25.8%, acumulando 13 meses consecutivos con retrocesos.

Asimismo, retomó que la falta de gasto en infraestructura inhibe el desarrollo de proyectos privados. De hecho, en el quinto mes, la inversión privada se contrajo 4.9%, tendencia que comenzó a finales de 2023 y que podría prolongarse.

Lo anterior es de gran relevancia, añadió, considerando que el debilitamiento de la inversión repercute en el mercado laboral.

Cabe mencionar que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el segundo trimestre de 2024 la población en pobreza laboral aumentó 0.1 puntos porcentuales, al pasar de 35.0% a 35.1% y, aunque el aumento al salario mínimo ha beneficiado a algunos trabajadores, el número de personas que ganan más de un salario mínimo disminuyó en 2.2 millones, mientras que quienes perciben hasta un salario mínimo aumentaron en 3 millones en el periodo enero-julio.

Asimismo, la informalidad también mostró un incremento. En julio, la tasa de informalidad laboral subió de 54.5% a 56.1% anual, luego de que el número de trabajadores formales se redujo en 757 mil, mientras que la población ocupada en la informalidad aumentó en 1.2 millones.

En tanto al consumo privado, otro motor de la economía, mantiene un desempeño débil. De acuerdo con el Inegi, registró caídas anuales de 0.1% en junio y 0.4% en julio, acumulando tres meses consecutivos con retrocesos y siete bajas en los últimos ocho meses.

En materia de precios, el CEESP acentuó que la inflación muestra resistencia a la baja, especialmente en el componente subyacente, debido al encarecimiento de mercancías como alimentos, bebidas, tabaco y productos no alimenticios.

Por el lado de las finanzas públicas, los ingresos totales del sector público crecieron 3.4% anual en el primer semestre, aunque el incremento no ha sido suficiente para cubrir las mayores demandas de programas sociales. La inversión física se redujo 30.4% en el mismo periodo, lo que podría frenar proyectos de infraestructura necesarios para dinamizar la economía. Además, se registraron ajustes a la baja en gasto de protección ambiental (-34.0%), seguridad interior (-11.1%), salud (-8.0%) y educación (-2.3%).

Sobre el endeudamiento, el Centro mencionó que también va al alza. Al cierre de junio, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicó en 17.8 billones de pesos, es decir, 1.8 billones más que un año antes. En términos per cápita, la deuda alcanzó 135 mil pesos por habitante, lo que representa un incremento de 9.6% anual y casi 60% más en comparación con el nivel registrado en 2018.

En cuanto a la percepción empresarial, la Encuesta sobre Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado reveló que el 98% considera que la economía está peor que hace un año, mientras que el 83% estima que el clima de negocios no mejorará en los próximos seis meses y el 70% opina que la coyuntura actual no es favorable para invertir.

A todo lo anterior, dijo el CEESP, se añaden los principales obstáculos para hacer negocios: el crimen, la falta de estado de derecho y la corrupción,

Estos factores que, junto con los retos derivados de la reforma judicial y los aranceles de Estados Unidos, limitan las posibilidades de un mayor crecimiento económico en el país.

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