En una acción coordinada en materia de seguridad financiera y combate al lavado de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema de fraude a través de “tiempos compartidos”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó que en México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se determinó la incorporación de siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una persona moral— a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), al identificarse su relación con el entramado operativo, familiar y corporativo detectado durante las indagatorias.
La dependencia mexicana recordó que las acciones del Departamento del Tesoro se enmarcan en los esquemas de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos orientados a desarticular estructuras financieras vinculadas con organizaciones criminales que utilizan empresas y desarrollos turísticos como mecanismo de captación de recursos ilícitos con impacto transnacional.
Abundó que este tipo de operaciones ha tenido incidencia en destinos del occidente del país, particularmente en Jalisco y Nayarit.
En territorio nacional, la UIF realizó revisiones financieras, fiscales y corporativas de los involucrados. Como parte de estos trabajos se detectaron movimientos relevantes de recursos, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos elevados mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles, constituidas en su mayoría en la región Occidente.
Con la ampliación de estas medidas —tanto las derivadas de la designación internacional como las aplicadas en el ámbito interno— se refuerza el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, se limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y se reducen los márgenes para la utilización de intermediarios, prestanombres o vehículos corporativos destinados a la dispersión de recursos de procedencia ilícita.
De manera adicional, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las facultades legales correspondientes.
Haciensa subrayó que, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Lo anterior, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
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