En un movimiento estratégico para contener las presiones inflacionarias que amenazan el bolsillo de las familias mexicanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha reactivado de manera contundente los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a los combustibles.
Luego de permanecer prácticamente en ceros durante casi un año, la administración federal retomó estos apoyos a partir de la segunda quincena de marzo de 2026, en respuesta a la volatilidad observada en los mercados energéticos internacionales. Este entorno ha estado marcado por tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz y el conflicto en Medio Oriente, factores que han impulsado al alza tanto la mezcla mexicana de exportación como el crudo WTI, ubicándolos en niveles no vistos en meses.
En dicho escenario, cobra relevancia entender el funcionamiento de estos apoyos fiscales.
¿Qué es el estímulo fiscal y cómo opera?
Los estímulos fiscales aplicados a los combustibles son ajustes que realiza el gobierno federal, a través de Hacienda, al IEPS que se cobra por cada litro de gasolina y diésel.
Mediante este mecanismo, la autoridad reduce de forma temporal la carga impositiva, lo que implica que una parte del impuesto es absorbida por el Estado y no por el consumidor final.
En términos operativos, el esquema funciona como un amortiguador de precios: cuando el petróleo a nivel internacional registra incrementos, Hacienda aumenta el estímulo —es decir, reduce el IEPS— para evitar que el encarecimiento se traslade por completo al precio final en las estaciones de servicio.
En sentido contrario, cuando el crudo disminuye, el apoyo se retira gradualmente con el fin de recuperar la recaudación.
Cabe mencionar que este mecanismo se determina y publica de manera periódica, generalmente cada semana, y su aplicación implica una menor captación de ingresos tributarios por concepto de IEPS para el gobierno federal.
En marzo, la reactivación de estos estímulos ocurrió en un entorno inflacionario adverso. La inflación general en México se ubicó en 4.63% anual durante la primera quincena de marzo, con un aumento quincenal de 0.62%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata de su mayor nivel desde la segunda quincena de octubre y acumula dos quincenas consecutivas por encima del rango objetivo del Banco de México (Banxico).
Por su parte, la inflación no subyacente alcanzó 5.18% anual, ligando tres quincenas consecutivas de aceleración y ubicándose en su punto más alto desde la primera quincena de junio de 2025. Este comportamiento ha estado influido principalmente por el encarecimiento de energéticos y productos agropecuarios.
En este escenario, y de forma complementaria a los estímulos fiscales, el gobierno federal estableció un acuerdo con el sector gasolinero para fijar un tope en los precios al público. La medida busca que el beneficio fiscal se refleje efectivamente en los consumidores y no se diluya en los márgenes comerciales.
Así, el objetivo es mantener el precio del diésel por debajo de 28.30 pesos por litro y el de la gasolina regular alrededor de 24.00 pesos en promedio nacional.
Especialistas del sector advierten que, de no haberse retomado los estímulos en marzo, el precio del diésel habría rozado los 32 pesos por litro en diversas regiones del país, lo que habría generado presiones adicionales en los costos de transporte y, en consecuencia, en los precios de la canasta básica.
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