El gobierno de Estados Unidos interpuso una denuncia laboral contra México, bajo las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por la denegación de los derechos de libertad sindical y contratación colectiva de los trabajadores de Goodyear Oxo, fabricante de llantas, en su planta de San Luis Potosí.
Se trata de la octava denuncia que Estados Unidos interpone contra nuestro país bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, que solo funciona para asuntos de derechos colectivos del trabajo y entre empresas participantes del acuerdo comercial.
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“Nuevamente el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida demuestra nuestro compromiso para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de reforzar al T-MEC”, comentó Katherine Tai, representante Comercial del gobierno de Estados Unidos, citada por un comunicado.
La denuncia del gobierno de Estados Unidos se refiere al conflicto laboral que se ha presentado en la planta de Goodyear en San Luis Potosí en los últimos meses y que ya ha tenido la atención del gobierno mexicano, que ordenó la repetición de una consulta a los trabajadores.
El gremio Liga Sindical Obrera Mexicana, un sindicato independiente, denunció a principios de año que la empresa se ha puesto de acuerdo con el Sindicato Nacional de la Metal Mecánica “Miguel Trujillo López”, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), para imponer un contrato colectivo de trabajo al margen del contrato ley que rige a la industria del hule en el país, lo que supone un perjuicio para los empleados ya que las condiciones laborales de contrato bilateral son menores a las del contrato ley.
Este contrato colectivo bilateral, que presuntamente se negoció a espaldas de los trabajadores, pretendió ser sometido a votaciones, para cumplir con el trámite de legitimación de los contratos colectivos de trabajo al que han estado obligados todos los sindicatos del país.
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La votación de legitimación del contrato colectivo de trabajo de Goodyear se realizó el 23 de abril, pero en medio de diversas irregularidades, al grado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México decidió cancelar el proceso y reponerlo con una nueva votación, al haberse enterado del robo de una urna completa con los votos de los trabajadores.
Ante la resolución de la autoridad laboral, la planta de Goodyear efectuó la segunda votación entre los días 7 y 8 de mayo, de lo que resultó que 83% de los empleados votó en contra del contrato colectivo bilateral, mientras que 16% votó a favor y 2% de los sufragios se anularon.
De esta manera, el contrato colectivo de trabajo bilateral se declara como concluido y el Sindicato Nacional de la Metal Mecánica “Miguel Trujillo López” perdió la representatividad de los empleados.
Todavía está pendiente que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) dé a conocer la calificación del proceso y la emisión de los documentos correspondientes.
Mientras tanto, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos –que solicitó la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en calidad de agente observador— encontró suficientes elementos para determinar que efectivamente la primera votación del contrato colectivo de trabajo de Goodyear estuvo viciada, lo que constituyó una clara violación a los derechos de libertad sindical y contratación colectiva.
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“Al rechazar el contrato colectivo de trabajo, los trabajadores de la planta llantera de Goodyear en San Luis Potosí ha manifestado su voluntad. Ahora esperamos que Goodyear trate a sus trabajadores con justicia y que aplique el contrato ley”, dijo Thea Lee, subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, citada por el comunicado.
En su comunicado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos reconoció la intervención de la STPS para ordenar la reposición del proceso de legitimación en la planta, pero también manifestó su interés en que los responsables de la primera votación viciada sean sancionados conforme a la ley.
“Al momento de la presentación de esta solicitud, la empresa y el gobierno mexicano estaban en proceso de emprender acciones legales contra los perpetradores de las actividades criminales encaminadas a influir en el resultado de la votación. La OIT revisa las peticiones del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que recibe y la información complementaria en un plazo de 30 días”, concluyó el comunicado.
GC
