Las importaciones de maíz en México alcanzaron 19.46 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026, volumen que representó un repunte anual de 5.8%.
La compra de grano en el exterior avanzó impulsada por el maíz amarillo y quebrado, mientras que la adquisición de maíz blanco registró una disminución durante el mismo lapso, refirió Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), a través de un análisis.
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Esta situación contrasta con el acuerdo firmado meses atrás entre el gobierno federal, los productores agrícolas y los compradores de la industria. Aunque las partes pactaron ordenar la producción y comercialización del grano, la realidad en los campos muestra que los compromisos asumidos en el papel todavía no se cumplen en la práctica.
GCMA expuso que el convenio comercial mantiene pendientes cuatro puntos clave: la definición de un precio justo, la concertación de bases claras de comercialización, un esquema amplio de protección de precios y resultados verificables sobre la compra consolidada de insumos a menor costo.
El reporte del GCMA detalló que la existencia de instrumentos financieros como Comercializa+, de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), no acredita que la totalidad de los agricultores cuente con cobertura para sus cosechas.
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Adicionalmente, las autoridades estatales mantienen un adeudo de 400 pesos por tonelada correspondientes al ciclo anterior, retraso que resta liquidez a los campesinos para iniciar los trabajos agrícolas.
La falta de definiciones afecta directamente al estado de Sinaloa, principal entidad productora del país, advierte el análisis de GCMA.
A pesar de contar con una mejor disponibilidad de agua en sus presas, Sinaloa inició el ciclo Otoño-Invierno 2026-2027 en medio de dudas sobre la rentabilidad de las cosechas y la escasez de créditos.
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Para este periodo, el GCMA proyectó la siembra de 350,000 hectáreas en suelo sinaloense, con un volumen potencial de 3.85 millones de toneladas de maíz blanco.
Sin embargo, este volumen permanece condicionado a que los agricultores decidan asumir el riesgo de sembrar entre el 10 de noviembre y el 31 de diciembre sin conocer de antemano el precio final ni las condiciones de venta de su cosecha.
GC
