El envejecimiento de la población en México elevará las exigencias para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que deberán prepararse para atender a un número creciente de personas mayores, reforzar la protección de sus recursos y ofrecer asesoría durante periodos de retiro cada vez más prolongados, advirtió Óscar Rosado Jiménez, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Durante la inauguración del Encuentro AMAFORE 2026, el funcionario señaló que en México hay cerca de 19 millones de personas de 60 años o más, equivalentes a 14.7% de la población, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una proporción que el Consejo Nacional de Población (Conapo) esperaba alcanzar hasta 2030, mientras que hacia 2070 prácticamente un tercio de los habitantes del país será adulto mayor.

Al referirse a la responsabilidad que tendrán las administradoras frente a este cambio demográfico, Rosado Jiménez subrayó que “las Afores no administran dinero. Ustedes, las Afores, administran la vejez de millones de personas”.

El funcionario explicó que el envejecimiento de la población, la caída de la tasa global de fecundidad, que pasó de 1.9 a 1.2 en 2024, y el hecho de que más de la mitad de las personas ocupadas se encuentre en la informalidad, tendrán consecuencias para la industria de las Afores, que deberá adaptarse a una población con menos jóvenes incorporándose al mercado laboral y más personas que llegarán a la edad de retiro.

Entre los cambios que identificó está la entrada del sistema en una etapa de desacumulación, debido a que la generación de la Ley 97 comienza a pensionarse en volumen, pues entre 2021 y 2025 más de 112 mil personas se retiraron con su Afore, con una tasa de reemplazo cercana a 70%, cifra que aumentará cada año.

A la par, la base de cotizantes dejará de crecer al ritmo de años anteriores por la menor incorporación de jóvenes al mercado laboral y la persistencia de la informalidad, por lo que el desarrollo de las administradoras dependerá cada vez más de su capacidad para retener, atender, servir e incluir a los trabajadores, y no solamente de sumar cuentas.

El cambio demográfico también modificará el perfil de los usuarios de las Afores, con una mayor proporción de personas adultas mayores que requerirán más opciones de atención presencial y estarán más expuestas a fraudes y abusos patrimoniales, además de tener un margen menor para recuperarse de una mala decisión financiera.

A estos desafíos se suma la duración del retiro, pues una pensión deberá sostener dos o tres décadas de vida, lo que exigirá asesoría sobre las modalidades disponibles, una adecuada gestión del riesgo de longevidad y comunicación honesta sobre la capacidad de los recursos acumulados para financiar ese periodo.

Rosado Jiménez advirtió que algunos de estos problemas ya se reflejan en la atención a los usuarios, donde se han identificado gestores que cobran por trámites que son gratuitos, así como traspasos que los trabajadores no entienden o no recuerdan haber autorizado y que pueden llevarlos a una Afore con menor desempeño.

También mencionó que muchos trabajadores no comprenden la información de sus estados de cuenta y desconocen cuánto dinero tienen, cuánto les costará o cuánto recibirán al pensionarse, mientras que la falta de designación de beneficiarios y la desactualización de datos personales pueden añadir meses de trámites cuando llega el momento del retiro o ante el fallecimiento del titular.

A estos problemas se suman los fraudes digitales mediante la suplantación de imágenes, incluso de las propias Afores, y las dificultades que enfrentan las personas mayores para utilizar canales de atención diseñados principalmente para usuarios jóvenes y familiarizados con las herramientas digitales.

El funcionario hizo referencia al Índice de Desempeño de Atención de Usuarios de la Condusef, que muestra diferencias entre las administradoras en sus tiempos de respuesta, la calidad del servicio y las acciones de mejora, pues mientras algunas tienen un buen desempeño, las demás también pueden avanzar.

Ante estas condiciones, planteó que las Afores deben fortalecer la asesoría para que los trabajadores comprendan las diferencias entre una renta vitalicia y el retiro programado, y puedan elegir la modalidad que corresponda a sus necesidades y condiciones financieras.

También propuso utilizar simuladores que muestren de manera honesta cuánto pueden durar los recursos acumulados y el riesgo de que el dinero se termine antes que la vida del pensionado, además de conservar canales presenciales y telefónicos que permitan atender a quienes no pueden o no desean resolver sus trámites exclusivamente por medios digitales.

La atención requiere, además, personal capacitado y empático, capaz de identificar situaciones de presión o abuso, así como información sobre rendimientos netos, comisiones y proyecciones presentada en un lenguaje claro, sencillo y comparable, ya que un usuario que no comprende la volatilidad puede tomar decisiones equivocadas o dejarse llevar por quienes le prometen algo mejor.

En ese sentido, Rosado Jiménez consideró que los incentivos para la fuerza de ventas de las administradoras deberían estar vinculados con la calidad del servicio y no con el número de traspasos, pues el cambio de Afore debe ser una decisión informada del trabajador y no un logro comercial.

Otro de los pendientes es ampliar el ahorro voluntario, ya que, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), solo ocho o nueve de cada 100 personas con una cuenta de Afore realizan este tipo de aportaciones, por lo que propuso desarrollar productos y canales que también atiendan a trabajadores independientes y personas que laboran en plataformas digitales.

Rosado Jiménez pidió incorporar una perspectiva de género en las estrategias de las administradoras, debido a que las mujeres viven más años, cotizan menos y necesitan condiciones que les permitan alcanzar un retiro digno, al tiempo que llamó a reforzar los mecanismos de autenticación, monitoreo y comunicación preventiva para proteger las cuentas de los usuarios.

En materia de ciberseguridad, también planteó mantener la coordinación con la Condusef para emitir alertas y cerrar rápidamente los mecanismos utilizados para la suplantación de identidad, así como impulsar campañas para que los trabajadores mantengan actualizados sus datos y designen a sus beneficiarios antes de que necesiten realizar un trámite.

Finalmente, Rosado propuso reconocer las mejores prácticas de las Afores mediante evaluaciones que permitan que competir por la calidad del servicio sea rentable, además de impulsar campañas conjuntas de educación financiera y prevención de fraudes, con mensajes comunes y claros para los usuarios y el uso de herramientas de economía del comportamiento para modificar sus conductas.

Al referirse al futuro del sistema, el titular de Condusef sostuvo que, en un México más envejecido, una de las preguntas que terminará por evaluar la calidad del retiro será: “¿Me va a alcanzar para vivir con dignidad una o dos décadas?”, una respuesta que dependerá de la economía, las políticas públicas, las decisiones de los trabajadores y la forma en que las Afores actúen desde sus consejos, sucursales y llamadas.

“Un país que envejece necesita Afores que no solo inviertan bien, sino que acompañen, expliquen y sobre todo protejan”, concluyó.

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