El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que el endeudamiento histórico del país no impulsará el crecimiento de la economía mexicana, como fundamentaría el gobierno federal; en cambio, sí aportará para que la deuda por persona se incremente a 174 mil 801 pesos en 2030.
En el documento “Sostenibilidad de la deuda pública en México. Análisis y perspectivas del Paquete Económico 2024”, la organización civil retoma que los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2024 presentan un endeudamiento de 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB), “el cual será utilizado bajo el paradigma de impulsar la economía con mayor gasto público”.
No obstante, el gobierno federal estima un crecimiento económico de entre 2.5 y 3.5% para este año, así como una productividad laboral de únicamente 0.3 % anual.
“Sin las proyecciones de crecimiento hacia 2029, la productividad ha sido de -0.16% anual desde 2005.
“Por consiguiente, a pesar de más de una década de endeudamiento, no se refleja un aumento en la capacidad de generar mayores ingresos”, indicó el Centro.
En su análisis, abundó que los datos sugieren que la deuda no estaría necesariamente impulsando la economía y que las obligaciones seguirían creciendo para las futuras generaciones.
“El crecimiento económico proyectado se basa en un mayor número de personas trabajando, y no porque los empleos sean más productivos”, acentuó la organización.
Bajo este contexto, enfatizó la necesidad de considerar la carga intergeneracional de la deuda y la importancia de diversificar las fuentes de ingreso, pues para 2024, el indicador de la deuda por persona aumentaría a 126,818 pesos y, considerando la transición demográfica y las estimaciones y tendencia de los ingresos y el gasto público, en 2030 incrementaría a 174 mil 801 pesos.
Lo anterior, debido a que los ingresos públicos representarían 20.3% del PIB y que el gasto primario sería de 23.9% para el mismo año.
El Centro abundó que dicha proyección representa retos para plantear estrategias que mejoren la eficiencia en el ejercicio del gasto y, a la vez, se impulse el crecimiento económico y el desarrollo social para ampliar la carga tributaria con equidad para todos.
En ese sentido, expuso que es esencial priorizar inversiones que fomenten el crecimiento económico a largo plazo, como la educación inicial y la salud pública, lo que también aumentaría la productividad laboral y los ingresos futuros.
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Reiteró que “las políticas públicas deben considerar el impacto intergeneracional de la deuda y evitar cargar esta responsabilidad fiscal a las futuras generaciones, ya que, implementar un mayor gasto sin financiamiento en el presente, se traduciría en mayores impuestos en el futuro”.
Igualmente, señaló que se debe considerar la disminución de los ingresos petroleros, pues pasaron de representar 44.3% de los ingresos totales en 2008 a 18.4% en 2023, “por lo que se deberían desarrollar estrategias para diversificar las fuentes de ingreso del gobierno y, a la vez, mejorar la eficiencia en el gasto público”.
“Es importante reevaluar las estrategias fiscales actuales para garantizar un crecimiento económico sostenible y justo para todas las generaciones presentes y futuras.
“La sostenibilidad y la inequidad intergeneracional de la deuda pública siguen siendo un tema pendiente en la política fiscal”, concluyó el análisis.
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