El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó que mientras las empresas de Estados Unidos podrían recibir estímulos fiscales de parte de su gobierno, para mi compensar el impacto negativo de la imposición de aranceles a México, Canadá, China y Europa, las empresas mexicanas no obtendrían un apoyo de la administración federal.

En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) apuntó que lo anterior no sólo será negativo para las compañías nacionales, sino que también podría afectar la competitividad del país.

“La amenaza de los Estados Unidos de aplicar aranceles a México, si bien en principio afecta a las empresas estadounidenses, se ofrecen políticas que pueden compensar dicho impacto, a través de medidas como la reducción de impuestos, entre las más relevante. 

“Por el contrario, en México no se perciben estímulos que contribuyan a compensar el impacto de esas acciones ni para fortalecer el crecimiento y bienestar”, apuntó.

Contrario a recibir apoyos, añadió el Centro, los exportadores mexicanos, otros corporativos y pequeñas y medianas empresas se enfrentarán a una política tributaria más agresiva, así como a una reforma judicial que atenta contra las libertades de emprender.

A lo anterior se sumarán costos laborales cada vez más elevados y un tema regulatorio poco eficiente que afecta las reglas del juego.

En concreto, “medidas que están restando competitividad a la planta productiva del país en un momento crítico para el crecimiento y desarrollo de México”.

“Evidentemente, todo esto refleja la difícil situación que debe enfrentar el país en los próximos años. Lo preocupante es que no se debe perder más tiempo y mostrar las intenciones claras de enfrentarla con decisión”.

En ese tenor, el CEESP celebró la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) para dinamizar lo antes posible, las inversiones nacionales y extranjeras en México.

La semana pasada, el gobierno federal presentó a dicho Consejo, que está conformado por 15 empresarias y empresarios de diferentes sectores: energético; turístico; infraestructura; electromovilidad y automotriz; química; financiero; construcción; dispositivos médicos y farmacéutica; comercio; educación; electrónica; logística; agroindustria; tecnologías de la información; textil; y minería.

Con esta agrupación, el gobierno buscará impulsar un plan de desarrollo a favor del bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

Al respecto, la empresaria Altagracia Gómez Sierra detalló que el Consejo Asesor tiene la principal tarea de promover y aterrizar la Estrategia Nacional de Relocalización, así como las acciones del sector privado para concretar inversiones, generar empleo y promover el desarrollo regional, para lo cual se proponen 10 acciones:

1. Plantear proyectos, esquemas de inversión mixta e infraestructura para fortalecer los corredores industriales y Polos de Bienestar.

2. Desarrollar proveeduría local/regional con micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) fortaleciendo capacitación, crédito y canales de comercialización directa.

3. Mejorar y visibilizar prácticas de sostenibilidad.

4. Incrementar los montos de inversión y exportación.

5. Duplicar programas de educación dual, certificaciones y carreras técnicas.

6. Incrementar registro de patentes.

7. Colaborar en el impulso de medidas y acciones que permitan reducir 50 por ciento el tiempo de inversión mediante la simplificación de permisos y trámites y digitalización.

8. Potenciar programas de banca de desarrollo para Mipymes, proveedoras y exportadoras.

9. Analizar y sugerir aranceles a productos terminados, y progresivamente a componentes y materias primas en beneficio de inversiones y proveeduría local y regional.

10. Ser instancia de enlace entre la Administración Pública Federal y los sectores económicos del país para dar seguimiento a la cartera de inversiones privadas.

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