La reforma al Poder Judicial de México debe garantizar la independencia de los jueces, que se realicen procedimientos imparciales de selección de jueces, magistrados y ministros y que se respete el derecho de amparo de los ciudadanos para defenderse en caso de un acto de autoridad abusivo.
Asimismo, la reforma al sistema de justicia del país no puede ir en contra de los tratados internacionales aprobados por el gobierno mexicano, tales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC), advirtió el Consejo de Empresas Globales, a través de un comunicado, difundido por redes sociales.
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En medio de la controversia que ha desatado el proyecto de reforma al Poder Judicial, que pretende designar a los jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular en elecciones abiertas a la población, Empresas Globales dijo compartir con el gobierno federal y el Poder Legislativo su interés en fortalecer al Poder Judicial, en aras de que pueda operar de manera “más eficiente y transparente”.
Sin embargo, el Consejo hizo ver que el proyecto “contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones”.
En caso necesario, si los inversionistas tienen necesidad de acudir a los tribunales de México, esperan que el procedimiento judicial sea justo y predecible, de lo contrario se entorpecerán las “conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, además de otros convenios internacionales como los Tratados con países europeos”.
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Empresas Globales —que representa a grandes empresas extranjeras con presencia en el país— difundió su punto de vista sobre la polémica reforma, después de que firmas financieras y otras organizaciones empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), hicieron pronunciamientos públicos en los últimos días sobre sus preocupaciones respecto al proyecto de reforma al Poder Judicial.
En su comunicado, Empresas Globales hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para asegurarse que los cambios constitucionales que se pretenden aprobar en materia judicial promuevan realmente la independencia de los juzgadores, en aras de que estos resuelvan los asuntos “con imparcialidad y sin intromisiones indebidas”.
La reforma deberá establecer “procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento” de jueces, magistrados y ministros, con el propósito de que los designados sean “personas íntegras e idóneas”.
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Otra condición importante consiste en que los juzgadores deberán gozar de buenas condiciones laborales y de “inamovilidad”, para que puedan actuar con independencia y la seguridad de sus derechos como servidores públicos.
Empresas Globales igualmente solicitó que se respete el derecho de amparo, para que no se limiten sus efectos, esto es que el juicio de garantías pueda proteger al promovente y a otras personas que estén en condiciones similares, y también para que se puedan otorgar suspensiones de los actos de autoridad objeto de controversia, y que sean impugnados por juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
Pero también el grupo de empresas extranjeras solicitó que la reforma al Poder Judicial sea congruente con los tratados internacionales firmados por México, como el T-MEC o el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).
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“En todos ellos, el país ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión, con tribunales imparciales e independientes, procedimientos justos y equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables”, insistió Empresas Globales.
En este sentido, y después de que diversas organizaciones y personas en lo individual han manifestado sobre el polémico proyecto de reforma, Empresa Globales confió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el Congreso de la Unión, “tomarán las decisiones más acertadas” que le permitan a México tener un sistema de justicia robusto y confiable.
GC
