La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) reiteró su postura frente al avance legislativo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, iniciativa que ya fue turnada a la Cámara de Diputados, y sostuvo que el debate debe aterrizarse en la legislación secundaria con instrumentos claros que protejan el empleo formal, como un subsidio desde la hora 41.

En un posicionamiento, el organismo empresarial manifestó que en el país es necesario mejorar las condiciones laborales; no obstante, subrayó que ello debe lograrse “sin debilitar la base productiva que mantiene la economía a flote, el comercio local, los servicios, el turismo y los negocios familiares que abren la cortina todos los días y sostienen empleo en comunidades”.

La Confederación advirtió que si la reducción de la jornada laboral se aplica de manera uniforme y sin herramientas de transición, “quienes lo van a resentir primero son los negocios de barrio”, ya que se complicarán los turnos, se frenarán contrataciones y será más complejo permanecer en la formalidad.

Ante este escenario, expresó su confianza en que el proceso legislativo permita construir una ruta equilibrada, a favor del bienestar laboral y también de la sostenibilidad de los negocios que sostienen el empleo formal.

En este contexto, la Concanaco Servytur planteó que la legislación secundaria incluya medidas operativas, verificables y de fácil comprensión para ordenar la transición y evitar presiones de costos que comprometan la continuidad operativa, especialmente en los negocios familiares.

Entre las propuestas destaca que exista un subsidio desde la hora 41 semanal, con el propósito de compartir el costo del tiempo extra entre empleadores y el Estado —contribuciones, derechos, pago de impuestos, etc.— y evitar que la desaparición operativa de las horas triples y la obligación de pago desde la primera hora extraordinaria generen impactos financieros irreversibles en los negocios familiares.

Asimismo, pidió que se mantenga un día de descanso obligatorio por semana, sin modificaciones respecto al régimen vigente, para asegurar que la reducción de la jornada no altere los mínimos de reposo establecidos en la ley.

También propuso ampliar el margen de horas extra permitidas de 9 a 12 horas semanales, con posibilidad de distribuirlas en cuatro días, hasta 4 horas extraordinarias por día, regulando de forma expresa esta flexibilidad operativa.

El organismo planteó establecer una zona clara de flexibilidad semanal, que permita utilizar 12 horas extraordinarias legales y 4 horas adicionales por acuerdo, para un total de hasta 56 horas semanales, con reglas explícitas sobre los alcances permitidos.

De igual forma, sugirió revisar el esquema tradicional de horas triples y definir límites y consecuencias desde el primer rebase de topes legales, a fin de eliminar prácticas toleradas como “válvula operativa” y otorgar mayor certidumbre al cumplimiento.

Otra de las propuestas es habilitar el acuerdo entre patrón y trabajador para definir la distribución de la jornada, sin exceder 12 horas diarias, permitiendo horarios adaptables a la operación productiva bajo parámetros claros y documentados.

La Confederación también consideró necesario establecer la obligación de control electrónico de jornada, de manera que los centros de trabajo acrediten de forma digital el registro, control y trazabilidad de las horas laboradas, fortaleciendo la verificabilidad y reduciendo la discrecionalidad en inspecciones.

Además, planteó prever un régimen especial para MiPyMEs, con excepciones o plazos diferenciados para implementar sistemas electrónicos de control, en reconocimiento a sus limitaciones operativas y presupuestales.

Finalmente, propuso que se reconozcan la jornada compactada y el banco de horas con certeza jurídica, equiparándolos a esquemas de pago por hora, para su aplicación en actividades con picos de demanda o ciclos operativos irregulares, siempre bajo esquemas de registro y compensación.

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