A unas horas de que la Cámara de Diputados aprobó en comisiones el proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) estimó que los procesos electorales para designar a jueces, magistrados y ministros costarán unos 3,500 millones de pesos (mdp) a las finanzas públicas, recursos que pudieran tener otro uso para impulsar el desarrollo del país.
La organización empresarial manifestó su preocupación por las implicaciones que pudiera tener la reforma para el funcionamiento del sector productivo, en la medida en que las empresas requieren de juzgados y tribunales que operen en condiciones de independencia e imparcialidad.
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“Prestamos especial atención a la reforma al Poder Judicial, debido a los impactos que tendrá en el desarrollo económico y escalamiento productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas que mayoritariamente representamos. Aparejado al costo de la elección de jueces y magistrados estimado en 3,500 mdp, que piden ser utilizados en tareas de fomento de la economía nacional”, comentó hoy Canacintra, a través de un comunicado.
La Cámara igualmente expresó sus inquietudes sobre una posible falta al artículo 16 Constitucional, relativo a la no retroactividad de las leyes, ya que el dictamen de reforma aprobado ayer en comisiones establece la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial federal, cuyos recursos están destinados al pago de pensiones y otras prestaciones del personal de los tribunales y juzgados.
Canacintra —que dirige Esperanza Ortega Azar— advirtió que los cambios planteados en la reforma constitucional pueden causar un “perjuicio de una persona con relación a la prestaciones laborales y salarios del personal del Poder Judicial”.
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En su calidad de órgano de consulta del gobierno mexicano, conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la organización industrial propuso que se revise la reforma al Poder Judicial, para “tomar en cuenta todos los fenómenos externos e internos que impactan en el acceso a la justicia de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Canacintra igualmente se manifestó a favor de que la reforma garantice condiciones de certeza jurídica “que atraiga inversiones y proteja los intereses económicos de las cadenas productivas”.
Como se ha informado, la reforma al Poder Judicial plantea la designación de jueces, magistrados y ministros por medio de elecciones abiertas a la población, un mecanismo que ha sido cuestionado por el empresariado y especialistas jurídicos, en la medida en que puede exponer a los juzgadores a los intereses de terceras personas que van a influir en sus resoluciones.
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Asimismo, el dictamen establece la destitución de los integrantes actuales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes serán sustituidos por nuevos ministros electos mediante voto popular.
Además, el pleno disminuirá de 11 a nueve ministros.
La reforma desaparece los fideicomisos y fondos del Poder Judicial federal, además de que flexibiliza los requisitos de los aspirantes a jueces, quienes no tendrán que acreditar obligatoriamente experiencia profesional, ya que incluso pueden ser recién egresados de las carreras de Derecho.
Además de Canacintra, otras organizaciones del empresariado mexicano han expresado sus desacuerdos con el contenido de la reforma, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
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Debido a que las comisiones de la Cámara de Diputados ya aprobaron el dictamen de la reforma al Poder Judicial, el proyecto se turnará a la siguiente legislatura, que entrará en funciones el 1 de septiembre, para someterlo a votación plenaria en el transcurso de los próximos días.
GC
