El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reforma constitucional, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encaminado a eliminar la asignación de “pensiones millonarias” o “pensiones doradas” al personal que se jubila de las instituciones de gobierno.
El dictamen recibió 458 votos a favor del Pleno, lo que abarca tanto a la alianza oficialista, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como a los grupos parlamentarios de los opositores Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
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Sin embargo, los diputados abrieron la discusión en lo particular, debate en el que la oposición ha manifestado sus puntos de desacuerdo, entre los cuales se encuentra el temor a que la reforma se aplique de manera retroactiva, lo que constituye una violación al marco legal del país, ya que las enmiendas a las leyes no pueden afectar derechos adquiridos.
La reforma modifica el artículo 127 constitucional y determina que el personal de confianza del gobierno, de los organismos desconcentrados y de las empresas estatales, no puedan jubilarse con pensiones que superen la mitad del salario que perciba el presidente de la República en turno.
Esta reforma no aplica para los trabajadores sindicalizados, cuyas relaciones laborales se rigen por contratos colectivos de trabajo o por condiciones generales de trabajo.
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También quedan exentos de la reforma, el personal de las fuerzas armadas, así como los empleados del Poder Judicial y del Poder Legislativo.
En sus argumentos, el proyecto enviado por el gobierno federal explica que era necesario regular las pensiones del personal de confianza de las instituciones de gobierno —generalmente mandos medios y cargos directivos o bien empleados que ejercen funciones profesionales y especializadas—, en aras de evitar abusos y “privilegios”.
Hace unos días, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó de la existencia de “pensiones exhorbitantes” de personas que fueron servidoras públicas y que, al jubilarse, se pensionaron con montos de más de 100,00 pesos mensuales, incluso mencionó casos de hasta 1 millón de pesos mensuales.
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Por lo anterior, el gobierno federal estima que, con la reforma, puede generar ahorros por 5,000 millones de pesos (mdp).
Una vez que los diputados aprueben en el transcurso de las próximas horas el dictamen en lo particular, lo que corresponde es turnar el dictamen a los congresos estatales, ya que al tratarse de una reforma constitucional, se requiere que más de la mitad de los congresos estatales den su respaldo.
Hace unos días, el Senado de la República ya había dado su voto aprobatorio.
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Al completarse el requisito de que los congresos estatales den su respaldo, entonces el Poder Ejecutivo podrá publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para su entrada en vigor.
GC
