La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) rechazó las versiones en el sentido de que la reforma encaminada a impulsar la inversión en infraestructura, mediante esquemas de colaboración público-privada, ponga en riesgo los ahorros de los trabajadores para su jubilación.

El organismo aclaró que el marco legal vigente ya permite emplear hasta un tope de 30% del monto de los ahorros guardados en las Afore para proyectos de inversión, un límite que se respetó en la mencionada reforma.

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La noche de ayer, el Senado de la República aprobó la expedición de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, así como modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, leyes que sientan las bases para la organización de los llamados esquemas mixtos público-privados, encaminados a impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura pública como plantas de electricidad, caminos, puentes y ferrocarriles, entre otros.

Dentro del debate, la oposición acusó, entre otras cosas, que esta reforma pretende aumentar los montos permitidos de los depósitos de los trabajadores en las Afore para los proyectos del gobierno, lo que no garantiza que los recursos estén debidamente protegidos de posibles riesgos.

Sin embargo, la Amafore desestimó estos comentarios, al asegurar que las Administradoras hacen las evaluaciones pertinentes antes de invertir los ahorros de los trabajadores en cualquier proyecto.

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“Desde octubre de 2024, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) actualizó el régimen de inversión de las Afore para ampliar el límite en instrumentos estructurados hasta el 30% de los activos según la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore)”, aseguró la Asociación en sus cuentas de redes sociales.

En este sentido “la nueva ley no modifica (el techo), no lo amplía, ni lo hace obligatorio”, agregó la Amafore.

Además, los “comités de inversión de cada Afore analizan cada proyecto” de infraestructura para verificar que “sean rentables, estén bien estructurados y pasen los filtros técnicos y de riesgo”, como se los ordena la ley.

Por lo anterior, la nueva ley “no habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro”, agregó la Asociación.

GC