La deuda pública y su costo financiero podrían continuar presionando el presupuesto de 2027, ante la necesidad de recursos del Gobierno federal para cubrir sus compromisos de gasto, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
A un día de que el Gobierno federal entregue el paquete económico al Congreso, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que el documento reflejará la estrategia elegida para avanzar en la consolidación fiscal, mantener la estabilidad macroeconómica y evitar afectaciones al bienestar de los hogares.
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público sumó 19.2 billones de pesos en julio, después de aumentar 2.5 billones de pesos en lo que va de la actual administración, cifra equivalente a casi 30% del incremento de la deuda acumulado desde el inicio del Gobierno anterior.
La estimación preliminar presentada en los Precriterios 2027, publicados en abril pasado, anticipa un endeudamiento de 21.8 billones de pesos, que de concretarse representaría un aumento adicional de 2.6 billones de pesos entre julio de este año y el cierre de 2027 y reflejaría, según el CEESP, las necesidades de recursos del Gobierno.
En ese escenario, el costo financiero ascendería a 1.6 billones de pesos, equivalente a 4.3% del producto interno bruto (PIB), siempre que se cumpla el pronóstico de crecimiento económico de 2.4%.
Si la estimación de crecimiento disminuye, tanto la deuda como su costo financiero representarían una proporción mayor del PIB, mientras que el nivel previsto en los Precriterios ya sería el más alto desde 1990 y requeriría canalizar poco más de una cuarta parte de la recaudación total a cubrir este compromiso.
El CEESP también expresó su preocupación por la posibilidad de que los mayores niveles de deuda no se destinen a inversión en infraestructura que estimule la economía, especialmente en un entorno en el que México combina un bajo crecimiento con un endeudamiento creciente.
Los datos oficiales a junio ubican la deuda total en 51% del PIB y anticipan que aumentará a 55% en 2027, lo que significaría un incremento de 1.5 billones de pesos, frente a una inversión pública prevista para el próximo año de 500 mil millones de pesos.
Con estas cifras, dos terceras partes del endeudamiento no se destinarían a inversión pública, por lo que no se cumpliría la regla de oro de las finanzas públicas, que establece que el Gobierno solo debe contratar deuda para financiar inversión productiva y no gasto corriente.
Para el organismo, cumplir con esta regla contribuiría a elevar el crecimiento económico, aunque la reducción prevista del gasto público para avanzar en la consolidación fiscal podría no generar el resultado esperado si la necesidad de obtener recursos para los crecientes programas sociales vuelve a afectar la inversión.
Una nueva disminución de la inversión limitaría el crecimiento económico, mientras que la otra opción para cubrir las necesidades de gasto sería continuar aumentando la deuda, de acuerdo con el análisis.
El CEESP consideró que el principal riesgo de mantener o reducir el endeudamiento podría ser la implementación de una miscelánea fiscal con cambios significativos en las tasas de impuestos, con la finalidad de obtener recursos para atender todos los compromisos de gasto del Gobierno, entre ellos el periodo electoral que se realizará a mediados del próximo año.
Un crecimiento débil también limita el fortalecimiento de las fuentes recurrentes de ingresos y fomenta un mayor uso de deuda, principalmente cuando aumentan las obligaciones relacionadas con los programas sociales.
Para el CEESP, el mayor estímulo para incrementar la recaudación tributaria es elevar el crecimiento económico, pues un avance elevado permitiría que las calificadoras eliminaran los riesgos sobre la calificación de la deuda soberana.
Sin embargo, el crecimiento esperado para los próximos diez años es de 1.9%, inferior al promedio de 2.0% registrado durante las últimas tres décadas, debido en parte a la débil perspectiva para la inversión productiva y a los posibles efectos de la política comercial.
Ante este panorama, el organismo consideró importante que el paquete fiscal de 2027 fortalezca las fuentes de recursos, impulse la inversión productiva y haga más eficiente la asignación del gasto público.
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