La deuda de México cerrará por arriba de 50 por ciento este año, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascenderá a 13.28 billones de pesos, el equivalente a 50.3 por ciento del PIB.

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Va a ser el segundo año que la llamada deuda ampliada del país finaliza arriba de 50 por ciento. En 2020 fue 51.7 por ciento, según el Plan Anual de Financiamiento 2022.

“Durante 2021, la economía mexicana continuó enfrentándose a los efectos derivados de la pandemia ocasionada por el COVID-19, con el consecuente rebalanceo de portafolios a nivel global, continuas y crecientes presiones inflacionarias por choques de oferta, así como por la normalización de la política monetaria de los bancos centrales, sobre todo en economías emergentes”, señaló Hacienda.

A pesar de ello, dijo, la economía mexicana continuó con una recuperación constante e impulsada por un manejo responsable de las finanzas públicas, el proceso de vacunación, y una gestión de la deuda eficiente, reflejado en cifras favorables de la deuda como porcentaje del PIB respecto a economías tanto desarrolladas como emergentes.

Para 2022, las necesidades de financiamiento del sector público se estiman en 13.2 por ciento del PIB, menor en 2.1 puntos porcentuales respecto a las proyectadas para este año.

“Lo anterior, siempre respetando los límites de endeudamiento neto aprobados por el Congreso de la Unión para 2022, de hasta 850 mil millones de pesos en endeudamiento interno y 3 mil 800 millones de dólares en endeudamiento externo”, refirió.

Del endeudamiento estimado, 8.9 por ciento del PIB es del gobierno federal; 2.5 por ciento, de la banca de desarrollo; 0.8 por ciento, de las empresas productivas del Estado y 1.1 por ciento, para otros.

“En 2022, el gobierno federal priorizará la colocación en el mercado local y continuará con el desarrollo del mercado de instrumentos vinculados con los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) que ofrezcan al público inversionista una mayor transparencia en el gasto presupuestario y sirva como referencia para que empresas públicas y privadas accedan al financiamiento de fondos sustentables”.

FF