La organización Alianza para el Fortalecimiento del Comercio, de Estados Unidos, señala que México ha incumplido con sus compromisos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un amplio rango de ramas de actividad —desde energía hasta farmacéutica—, por lo que pide el apoyo de las autoridades de su país para hacer conscientes a sus contrapartes mexicanas de las consecuencias económicas y legales.

En un documento dirigido a la embajadora Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos, la organización norteamericana acusa “que varias medidas recientes del gobierno de México —entre decretos, reformas legales y disposiciones administrativas— cuestionan su compromiso para cumplir sus obligaciones dentro del T-MEC”.

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La Alianza —que se conforma por 19 agrupaciones empresariales— menciona que “el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado varias medidas regulatorias y administrativas que restringen la competencia de la inversión privada, nacional y extranjera, frente a las compañías estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que refuerzan su papel dominante en el país, y que revierten reformas hechas al mercado energético que fueron honradas en el T-MEC”.

Las 19 organizaciones de la Alianza criticaron la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica —que entró en vigor el 10 de marzo— ya que “directamente coloca en desventaja a las empresas de energía eléctrica de Estados Unidos en el mercado mexicano”.

También manifestaron que, ante la política energética del gobierno mexicano, los inversionistas norteamericanos de energía “enfrentan dificultades crecientes para obtener permisos en un amplio rango de actividades”, como nuevas estaciones gasolineras o estaciones con nueva marca, instalaciones para almacenamiento de hidrocarburos, importación de combustibles y terminales de líquidos, entre otras.

“Estas reformas (a la Ley de la Industria Eléctrica) son discriminatorias para los inversionistas norteamericanos y de otras procedencias en el mercado mexicano, además de que reducen las oportunidades existentes para los exportadores norteamericanos de recursos y equipos energéticos”, refiere la Alianza.

Etiquetado de alimentos procesados, sin bases científicas

En el documento —dirigido a la funcionaria del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden— también destaca como otro foco rojo la política para el nuevo etiquetado de alimentos procesados, la cual trata de orientar al consumidor sobre los productos con alto contenido calórico.

La Alianza asegura que esta medida, junto con otras acciones como las que han tomado los gobiernos de Oaxaca y Tabasco —para prohibir la venta de alimentos procesados a menores de edad—, “no se sustentan en bases científicas”, además de que violan el Capítulo 11 del T-MEC, sobre barreras técnicas al comercio.

Consecuentemente, la política del etiquetado “hará más difícil a las empresas manufactureras norteamericanas exportar productos alimenticios y bebidas a México”, ya que “el reetiquetado de productos a gran escala es un proceso oneroso y que requiere mucho tiempo, que llevará más de 12 meses”, se quejó la Alianza.

Un error eliminar a organismos reguladores de telecomunicaciones

En matera de telecomunicaciones, las 19 organizaciones que firman el documento advierten a Katherine Tai, que las autoridades mexicanas también han manifestado sus intenciones de centralizar facultades o incluso absorber en el gobierno central a los organismos reguladores, como Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El documento refiere que, de concretarse, estas propuestas atentan a los artículos del T-MEC los cuales hacen referencia al libre funcionamiento del mercado de telecomunicaciones de los tres países firmantes, así como a la relevancia de establecer organismos reguladores.

“Estas nuevas propuestas van en contra de los artículos 18.6 y 18.17 del T-MEC, así como de las reformas constitucionales hechas en México”, añadió la Alianza.

Asimismo, advierte que en materia de telecomunicaciones preocupa la Disposición Técnica IFT-012-2019, la cual implica un “encarecimiento de costos a los productores manufactureros de equipo de telecomunicaciones de Estados Unidos” y que también “daña a las compañías proveedoras de pruebas, inspección y servicios de certificación”.

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Según la Alianza, los requerimientos de prueba de los equipos son redundantes con las pruebas que se hacen en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sin un beneficio aparente para el consumidor.

Cuestionable el acuerdo entre México y la UNOPS

En lo que se refiere a la industria farmacéutica y de biotecnología, los empresarios norteamericanos igualmente han enfrentado cambios y dificultades para ingresar al mercado mexicano.

El documento destaca la “falta de transparencia y de estabilidad necesaria para las industrias de biofarmacéutica y biotecnología para exportar productos de Estados Unidos a México”.

“La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha retrasado aprobaciones para nuevos productos y nuevas pruebas clínicas de productos bioterapéuticos y biotecnológicos para la agricultura y tampoco ha sido transparente en sus procesos de aprobación regulatoria”, critican las 19 organizaciones firmantes.

Consecuentemente, el retraso en las aprobaciones regulatorias de este tipo de productos ha detenido el ingreso de medicamentos innovadores a México, en perjuicio de los consumidores.

Asimismo, este comportamiento tiene un impacto en la región de América del Norte, en aras de impulsar innovaciones tecnológicas en la agricultura.

Por demás, la Alianza cuestiona el acuerdo entre el gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la provisión de medicamentos y otros insumos de la salud.

Según la Alianza, este acuerdo contradice el compromiso de México con el capítulo 13 del T-MEC, además de que “eleva preocupaciones sobre la transparencia, la seguridad para los pacientes y la consistencia con las mejores prácticas internacionales y las obligaciones comerciales”.

GC