El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) se lanzó de lleno contra el decreto de austeridad implementado por el gobierno federal para sobrellevar la crisis por el coronavirus.  En su más reciente análisis económico semanal, el CEESP señaló que, a pesar de las intenciones de la federación, su decisión de “apretarse el cinturón” todavía más durante la epidemia afectará no sólo a funcionarios públicos, sino a proveedores y a empresas tanto pequeñas como medianas.  Sobre la reducción de 25% a los salarios y la cancelación de aguinaldos de altos funcionarios públicos, mencionó que el golpe se sentirá más allá de los bolsillos de estos servidores. 
“Además de ser una medida inconstitucional, representa un severo golpe para la economía familiar y va en detrimento del consumo, que es uno de los pilares de la defensa en contra de la crisis”, apuntó el Centro de Estudios en su análisis. 
El decreto señala que no se ejercerá el 75% del presupuesto asignado a servicios generales y materiales y suministros. El CEESP considera que esta medida de ahorro “traerá consigo mayores problemas a los proveedores del sector público que sin duda seguirán sufriendo retrasos en sus pagos” trayendo mayores problemas de liquidez para las empresas y más riesgos de despido.  Sobre el objetivo de que las medidas de austeridad y combate a la corrupción aumenten los recursos disponibles para programas sociales en 623 mil millones de pesos (mdp), el CEESP calificó el plan de “demasiado ambicioso”, añadiendo que, si se cumple, será a costa de negocios pequeños. 
“De ser posible, muy probablemente operará en contra de la subsistencia de las pequeñas y medianas empresas del país y del empleo que generan”, señaló. 
El decreto de austeridad durante la epidemia de coronavirus se publicó el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además de las medidas señaladas por el Centro de Estudios, incluye otras como la cancelación de 10 subsecretarías y la extensión hasta el 1 de agosto de la suspensión de labores en el sector público.   

No es clara la constitucionalidad de reforma a Ley de Presupuesto 

El CEES también se mostró crítico de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria recibida en San Lázaro el 27 de abril con la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
“La constitucionalidad de la iniciativa de reforma a la LFPRH no es clara y ha sido cuestionada por diversas fracciones políticas y por la sociedad civil, porque le daría al Ejecutivo Federal autoridad total, a través de la Secretaría de Hacienda, para disponer de los recursos presupuestarios con mucho mayor discrecionalidad de la que ya existe en la asignación de recursos”, se lee en el análisis del Centro de Estudios. 
La iniciativa busca modificar la Ley Federal de Presupuesto para darle al Ejecutivo Federal la facultad de reasignar el presupuesto a consideración durante emergencias económicas como la que transita el país ahora por la epidemia de coronavirus.  La iniciativa encendió focos rojos no sólo entre economistas y miembros de la oposición, sino también entre analistas al interior de organizaciones civiles.   De aprobarse la iniciativa y ser decretada como ley, otorgará al Ejecutivo la facultad legal para modificar el Presupuesto de Egresos a discreción sin consultar al Legislativo, cuya responsabilidad es analizar, evaluar y, si así lo decide, aprobar los planes presupuestales del Ejecutivo.    Te puede interesar: Dispersará gobierno 356 mil mdp en recursos de programas sociales de mayo a julio cach