BBVA Research advirtió que, de aprobarse el dictamen de reforma eléctrica tal cual está, México estaría violentando los derechos de inversionistas extranjeros, lo que abre la puerta a represalias internacionales.

En un análisis, la institución apuntó que los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vulneran el marco institucional que al día de hoy dota de certeza jurídica a las partes involucradas en la generación, distribución y comercialización de electricidad, al incrementar sustancialmente el control del Estado en el sector a costa de los intereses de los inversionistas privados y de la actividad económica en su conjunto.

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Igualmente, alertó que violentan los derechos establecidos por México a favor de los inversionistas extranjeros en diversos tratados de inversión y de libre comercio, como el acuerdo con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esto, en la medida que evidentemente vuelven más restrictivo el acceso al mercado eléctrico y representan un retroceso a las garantías otorgadas por México.

Las garantías son sobre la cuota de mercado de CFE, abandono de subastas, suspensión de permisos de generación, licencias y contratos, alteración del despacho, etc.

Cabe mencionar que este tipo de tratados, bajo ley mexicana, están a la par de los derechos otorgados por la Constitución Mexicana.

“Lo anterior, abre la puerta a represalias comerciales y pagos indemnizatorios, bajo sólidos argumentos en torno al Trato Nacional, Nivel Mínimo de Trato y Empresas del Estado. Asimismo, debilita hacia el futuro la capacidad de negociación y de defensa de los intereses mexicanos frente a los diferentes socios comerciales”, mencionó BBVA Research.

La institución retomó que, derivado de las violaciones a los compromisos de los tratados, los inversionistas tienen la facultad de acudir ante paneles internacionales que, por la naturaleza de la iniciativa, tendrán altas probabilidades de resultar en laudos desfavorables para México y traducirse en el pago de compensaciones considerables.

“Igualmente, nuestros socios comerciales al verse afectados por estas reformas, podrán solicitar el establecimiento de páneles de solución de controversias, con los cuales adquirirían el derecho a imponer represalias comerciales”, señaló.

La institución aclaró que, aunque el gobierno de AMLO puede modificar las “reglas del juego” del sector eléctrico del país como fue planteado, el precio que el país pagará será muy alto.

“Las acciones vulneran claramente lo establecido por los tratados comerciales, por lo que los costos serán altos y no sólo en términos de energía cara y contaminante, indemnizaciones y represalias, sino también en el daño tanto a la reputación del país como socio confiable, como al ánimo de los inversionistas nacionales y extranjeros”.

De esta forma, dijo, aprobar la reforma constitucional al sector eléctrico en los términos en que se presentó al Congreso, “implicaría poner en riesgo uno de los instrumentos más efectivos que tiene el país para atraer inversión y fomentar el crecimiento que es el T-MEC”.

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