El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que los cuñados del expresidente Carlos Salinas de Gortari son parte de los beneficiados con los contratos con penales privados que se otorgaron desde 2010 y que fueron “entregados a puro influyente y hasta a dueños de medios de información, y a políticos o familiares de políticos”.
“Unos de estos que recibieron contratos, los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Se servían con la cuchara grande, por eso no hay investigación”, reiteró el mandatario durante su conferencia matutina.
De acuerdo con su exposición, el gobierno federal se estaría ahorrando cerca de 16 mil millones de pesos anuales si se revisa y se concluye con los contratos con prisiones privadas, pues el Estado paga más de 3 mil 500 pesos diarios por recluso, es decir, 100 mil pesos al mes y sin contar el pago de vigilancia y otros conceptos.
“Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar con la revisión los contratos de los penales, ese gran abuso de pagar por 12 mil reclusos que están en ocho penales… 16 mil millones de pesos al año. “Un costo por recluso sin incluir vigilancia, sin incluir lo que paga el Estado por la custodia, de tres mil 500 pesos diarios por recluso. Al mes, como 100 mil pesos, lo que está ganando el Presidente. […]Los contratos eran entregados a puro influyente, hasta a dueños de medios de información y a políticos, o a familiares de políticos, uno de estos que recibieron contratos, los cuñados de Carlos Salinas de Gortari, se servían con la cuchara grande, por eso no hay investigación”, manifestó AMLO.
Ayer, el mandatario indicó que instruyó al consejero jurídico de la Presidencia iniciar conversaciones con los proveedores de los servicios penitenciarios a fin de alcanzar un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública.
“En paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo, aquí vamos a estar informando”, manifestó el mandatario, quien señaló que estas acciones se están llevando a cabo para eliminar los “abusos de todo tipo” que iniciaron y existieron en los sexenios pasados. “Ya teníamos que actuar porque estamos en falta, resulta que para cumplir con el contrato se pagó en el 19 y en el 20. Es como lo de Odebrecht, que tuvimos que pagar 19, 20 ya se detuvo porque también era un contrato abusivo, contratos leoninos”, dijo.
Según Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,  el gobierno mantiene ocho contratos de prestación de servicios penitenciarios, de los cuales, siete fueron suscritos en diciembre de 2010 por Gonzalo Villareal Guerra, coordinador de centros federales; Arturo Sosa en la Dirección general de Administración y Marco Antonio Villareal, director de adquisiciones de la misma dependencia. Derivado de estos acuerdos, en los últimos nueve años, el gobierno ha tenido que realizar pagos anuales por más de 75 mil millones de pesos, y “si se hace una proyección a 20 años, el costo es aproximado de 266 mil 300 millones de pesos.   er