La “contrarreforma” eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende otorgar una mayor participación de mercado a una empresa “poco eficiente”, que es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que no se cumplirá el objetivo de reducir los precios de la energía al consumidor, sino que puede anticiparse que aumentarán.

Actualmente, el costo promedio de generación de electricidad de CFE en sus plantas de ciclo combinado es de 1,416 pesos megawatt-hora (MWh), cifra 23.6% mayor que el precio promedio de las empresas particulares que es de 1,145 pesos MWh, aseguró la unidad de Análisis Económicos de BBVA México, en un reporte sobre los alcances de la iniciativa de ley.

La semana pasada, el mandatario entregó una propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, que pretende otorgarle a CFE una participación de 56% en el mercado eléctrico nacional, con la intención de garantizar un suministro eléctrico a precios justos, ya que la participación de los privados constituye una carga financiera para la compañía pública, además de que pone en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Asimismo, es pertinente considerar que el precio de la electricidad ha aumentado en los últimos meses, debido a la reapertura económica tras el impacto del Covid-19 y una mayor demanda de los consumidores, así como también por un repunte en el precio de insumos para la generación eléctrica como el gas.

“Si bien el componente de electricidad en la inflación de los energéticos es bajo, no se puede ignorar el aumento de los precios de la electricidad y el efecto adverso para los consumidores que puede tener el aumento de la participación en el sector de una empresa poco eficiente”, refirió el estudio de BBVA.

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El grupo financiero también cuestionó que la reforma eléctrica –que revierte la reforma energética del sexenio pasado— proponga eliminar los Certificados de Energía Limpia (CEL), ya que reducirá los incentivos para aumentar el uso de energías renovables.

Esta situación no solo boicotea los compromisos de México establecidos en el Acuerdo de París y que apuntan a generar 35% de la electricidad total a partir de fuentes renovables. Sino que además, se desincentiva la inversión, ya que constituye una medida retroactiva que viola los tratados comerciales internacionales firmados por el país.

Contra T-MEC y el Acuerdo de París

La propuesta de reforma constitucional plantea la eliminación de contratos vigentes en generación eléctrica otorgados a privados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, lo cual constituye una violación a los artículos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como a otros acuerdos comerciales.

En su análisis, BBVA encontró que se vulneran del T-MEC los capítulos 14, sobre inversiones, y 21, sobre política de competencia, en el sentido de que los países deben dar el mismo trato a las empresas nacionales, como a las empresas de los países socios, en términos de adquisición, expansión, operación, venta u otras disposiciones de inversiones.

También se especifica que este trato homogéneo a las empresas, al que se comprometen México, Estados Unidos y Canadá, aplicará tanto para empresas privadas como de gobierno.

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Además, el T-MEC impide que los países socios impongan condiciones, requisitos, compromisos u obligaciones para comprar, utilizar o dar preferencia a un servicio suministrado localmente. “Podría ser el caso de favorecer a la CFE, ya que muchos demandantes de este servicio estarían obligados a solo recibir el servicio de esta empresa”, refirió BBVA.

El hecho de establecer cuotas de mercado desde la Constitución es una medida arriesgada, ya que el T-MEC habla de un ámbito de competencia para todas empresas de la región, de ahí que la reforma presidencial en materia eléctrica contradice los capítulos del Tratado.

Sobre las probabilidades de que la iniciativa sea aprobada, BBVA advirtió que, ante la actual correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, dependerá de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que la alianza oficialista de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), y del Verde Ecologista de México (PVEM) pueda sacar adelante el proyecto del presidente.

Lo anterior, luego de que los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) ya se pronunciaron en contra.

Los aliados del oficialismo necesitan de dos terceras partes de las dos cámaras legislativas para aprobar el proyecto, de ahí que pueden entablar un acuerdo con el PRI. Sin embargo, como se recordará, este partido fue el que apoyó la reforma energética del sexenio pasado, lo cual anticipa que puede presentarse una votación divida de este partido.

Actualmente, el PRI tiene 71 diputados y 13 senadores que, de aprobar unánimemente la iniciativa presidencial, darán los votos suficientes al oficialismo, concluye BBVA.

GC