Después de un periodo de bajo crecimiento, los desarrolladores inmobiliarios pueden repuntar en los próximos años con el programa de “vivienda social” del gobierno federal, que pretende edificar un millón de casas y departamentos a nivel nacional.
Actualmente, México enfrenta un déficit de 8.2 millones de viviendas para atender las necesidades de la población, así como un conjunto de 8.9 millones de casas-habitación con carencias de servicios básicos y precarias condiciones, de ahí que el programa de vivienda constituye una oportunidad de detonar al sector inmobiliario habitacional, consideró Moody’s Local México en su reporte “Perspectivas 2025: evaluación de los sectores corporativos en un contexto de incertidumbre”.
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El sector de la vivienda tuvo su mejor momento en 2015, cuando se construyeron 302,000 casas y departamentos a nivel nacional, de lo que se desprendió que 75% correspondió a vivienda económica-popular.
Pero en 2023, se edificaron 131,000 casas y departamentos en el país, de lo cual una proporción de 39% fue de vivienda económica-popular.
Las cifras anteriores indican que la tendencia ha sido decreciente, es decir una caída de 9.9% a tasa anual desde 2015, refirió Moody’s Local.
Esta situación se debió a un limitado financiamiento para los desarrollos habitacionales, la reducción de subsidios gubernamentales para la vivienda y el incremento de los precios de los materiales de construcción.
Mientras tanto, las empresas constructoras e inmobiliarias han salido adelante al concentrarse en segmentos de vivienda más rentables, el uso de métodos de construcción más eficientes y un uso más cuidadoso del capital de trabajo.
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En este sentido, “el programa de vivienda 2024-2030 del gobierno federal busca construir y financiar un millón de viviendas sociales y remodelar casi medio millón de hogares en zonas prioritarias. Empresas del sector podrían beneficiarse al participar en estos desarrollos inmobilarios”, consideró Moody’s Local.
El gobierno federal pretende edificar casas y departamentos, a través de instituciones públicas —el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) principalmente—, mismas que pueden contratar a empresas constructoras privadas.
No obstante, se esperan algunos cambios en la industria de la construcción del segmento habitacional, ya que se espera un encarecimiento de los precios de los terrenos en las principales ciudades del país y también una posible disminución de los precios de las casas y departamentos por una mayor oferta en el mercado.
GC
