El Consejo de Empresas Globales (CEG) lamentó la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para “ocupar temporalmente” instalaciones de Ferrosur en Veracruz, y solicitó un “entorno estable y predecible” de negocios, que permita a las empresas “operar de manera segura”.
La organización —que representa a las empresas trasnacionales presentes en México— destacó que el decreto del gobierno federal, publicado el pasado viernes, en el sentido de ordenar la ocupación de tres tramos de ferrocarril en Veracruz, concesionarios a Ferrosur, empresa de Grupo México, constituye un “grave riesgo para la imagen del país en el corto y largo plazo”.
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La declaratoria de los tres tramos ferroviarios ubicados en Veracruz, como un asunto de “utilidad pública”, que serán entregados en administración a la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, “envía un mensaje equivocado porque pone en duda el resto a las garantías constitucionales”, advirtió el CEG en un comunicado.
“Es crucial que todo gobierno se ajuste a la ley y evite tomar acciones que puedan ser percibidas como arbitrarias”, consideró el organismo.
El Consejo de Empresas Globales lamentó que la “ocupación temporal” de los tres tramos de Ferrosur en Veracruz se presente en un momento en el que México puede captar unos 30,000 millones de dólares (mdd) de inversión extrajera, a raíz del proceso mundial de relocalización de empresas o “nearshoring”.
Para las empresas internacionales la certeza jurídica y el respeto al Estado de derecho es un factor fundamental para elegir un destino de inversión, debido a los compromisos que deben cumplir.
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“Las empresas internacionales tienen responsabilidades fiduciarias ante distintos públicos. No solo están comprometidas con sus socios y accionistas, sino también con sus clientes, socios comerciales, proveedores, colaboradores y sociedad en general”, hizo ver el CEG.
En este sentido, la agrupación solicitó un ambiente de negocios estable y exhortó al gobierno mexicano a “ser consciente de las consecuencias que pueden tener decisiones que vulneren el Estado de derecho, la confianza de los inversionistas y la reputación de México en el mundo”.
GC
